SEVILLA, 20 de julio.

El Partido Popular de Andalucía presentará el próximo jueves una proposición no de ley en el Parlamento regional, donde se pedirá al Gobierno central que respete las competencias actuales de las comunidades autónomas en relación a la creación y autorización de universidades y centros educativos superiores. Con esta medida, el PP-A busca poner fin a las reformas propuestas que afectarían el real decreto vigente, el cual garantiza criterios equitativos entre instituciones educativas públicas y privadas.

En el marco de esta iniciativa, se solicitará un pronunciamiento en contra de la intención del Gobierno central de regular estas materias a través de un nuevo real decreto. Según el PP-A, esta acción sería una invasión en las competencias autonómicas y pondría en riesgo la estabilidad legal de las universidades ya existentes, al introducir nuevos criterios en la autorización de campus.

Otra de las exigencias del PP-A es que el Ejecutivo cumpla lo establecido en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, lo que implica que se asegure de financiar al menos un 1% del Producto Interior Bruto en educación universitaria. Además, se demandará que se clarifique la cantidad, plazos y mecanismos a través de los cuales se transferirán estos fondos a las universidades.

Además, se pide que el Gobierno asuma la responsabilidad financiera total del funcionamiento de los campus de la Universidad de Granada en Ceuta y Melilla, un gasto que se estima en 25 millones de euros para este año, según los cálculos de la institución granadina.

La propuesta también incluye la solicitud de un modelo de financiación para la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Esta medida busca abordar el déficit económico que enfrenta la universidad, que supera los 20 millones de euros, y que extinguiría las barreras para financiar aumentos salariales del personal docente y administrativo en Andalucía.

Por otra parte, el PP-A aspira a que el Parlamento apoye el acuerdo de financiación extraordinaria alcanzado entre el Gobierno regional y las universidades públicas, lo que supondría un aumento adicional en sus recursos económicos.

De igual forma, se instará a la Junta de Andalucía a trabajar en conjunto con la comunidad universitaria e investigadora para impulsar la creación de una Ley de Universidades que proteja el sistema público, mejore los derechos de los estudiantes, fomente la internacionalización y estabilice la carrera académica.

En relación a esta iniciativa, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, comparecerá ante el Pleno de la Cámara el miércoles para explicar los criterios utilizados por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) en la autorización de nuevas titulaciones. Esto se enmarca en el compromiso de transparencia y rendición de cuentas del Gobierno ante la comunidad educativa.