En un reciente juicio que ha captado la atención mediática, la defensa del acusado Yassine Kanjaa ha reconocido su responsabilidad en la muerte del sacristán Diego Valencia, aunque argumenta que su condición mental lo incapacita para ser juzgado de manera convencional. Kanjaa, que se enfrenta a serios cargos en relación con un ataque cometido en Algeciras, asegura que no tenía control sobre sus acciones debido a su diagnóstico de esquizofrenia.

Durante la audiencia, el abogado defensor solicitó la absolución de su cliente, sugiriendo que debería ser internado en un centro especializado en lugar de enfrentar una prisión convencional. Según el letrado, Kanjaa "no merece una pena de prisión" y lo que requiere es una "medida terapéutica" para que reciba el tratamiento adecuado por su grave enfermedad mental.

La defensa subrayó que expertos psiquiatras testificaron que, en el momento del ataque el pasado 25 de enero, Kanjaa actuó impulsado por un "delirio mesiánico-religioso", lo que habría distorsionado su percepción de la realidad y su capacidad para diferenciar entre el bien y el mal. El abogado manifestó que no hay evidencia clara de que Kanjaa haya pasado por un proceso de radicalización terrorista, sugiriendo que su profunda religiosidad surgió de manera abrupta y no planificada.

A pesar de no haber querido declarar en el juicio, el tribunal accedió a que se presentara una grabación en la que Kanjaa, tras su detención, asumió la responsabilidad de sus actos y afirmó que quería "matar" a los religiosos, a quienes consideró "enemigos del islam". Este reconocimiento de intenciones ha añadido complejidad al caso, dado que se superpone con su defensa de incapacidad mental.

La Fiscalía ha solicitado una pena de 50 años de prisión, argumentando que Kanjaa, aunque padecía un trastorno mental, aún conservaba parte de su capacidad para actuar deliberadamente, al tener "ánimo de matar" durante los incidentes que llevaron a su arresto. Aquí la Fiscalía argumenta que sí hubo un componente de motivación religiosa en sus acciones, lo que le califica como un caso de asesinato terrorista.

El fiscal, en sus conclusiones, enfatizó que hasta ahora no se ha probado de manera suficiente que la esquizofrenia de Kanjaa le haya anulado completamente su capacidad mental. Aseguró que el acusado actuó con la intención de atacar a personas que percibía como opuestas a sus creencias, lo que subraya la naturaleza delictiva de sus actos.

Los hechos que se le imputan tuvieron lugar en la iglesia de San Isidro, donde Kanjaa, tras un primer ataque a un congregante, regresó armado con un machete durante una misa. Allí, se dirigió al sacerdote en un intento de agredirlo, lo que culminó en el brutal asesinato del sacristán, quien recibió múltiples cortes que provocaron su muerte en plena plaza.

Este caso se convierte en un punto de discusión tanto sobre la salud mental de los criminales como sobre el uso de la religión como motivación en actos violentos, planteando interrogantes sobre la manera en la que el sistema judicial aborda delitos de esta naturaleza.