El próximo miércoles 3 de diciembre, el Grupo Socialista llevará al Pleno del Parlamento de Andalucía una moción clave enfocada en la salud mental. Este documento busca declarar la situación de la salud mental en la región como una urgente emergencia sanitaria, social y política, instando a la Junta a implementar un Plan de Choque que demandaría una inyección extraordinaria de 150 millones de euros, a incluirse en el presupuesto para 2026.

La moción, que consta de 28 propuestas, destaca la necesidad de reforzar los recursos destinados a la atención en salud mental. El PSOE-A exige una ampliación urgente del personal que trabaja en este sector, incluyendo psiquiatras, psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales, para alcanzar ratios similares a las comunidades autónomas con mejor atención en los próximos dos años.

Este esfuerzo legislativo surge a raíz de una interpelación de la diputada socialista María Ángeles Prieto al consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en una sesión anterior. La propuesta busca detener la pérdida de profesionales que, debido a condiciones laborales deficientes, están optando por empleos en otras comunidades o en el ámbito privado, según el propio PSOE-A.

Además, la moción plantea que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a garantizar la cobertura de permisos y licencias laborales prolongadas del personal encargado de la atención en salud mental, asegurando así la continuidad de los servicios y evitando la sobrecarga en el equipo.

Otras demandas incluyen la divulgación de informes sobre las iniciativas implementadas para la prevención y atención del suicidio desde el 2023, así como el compromiso de poner en marcha de manera inmediata iniciativas pendientes, incluyendo la activación del Código Suicidio en toda Andalucía. Para ello, el PSOE-A solicita una previsión presupuestaria de 12 millones de euros para 2026.

El Grupo Socialista también hace un llamado a que se cumplan los acuerdos del Pacto de Mejora de la Atención Primaria, que incluye la contratación de más enfermeras escolares, así como la creación de nuevas Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil. Se prioriza la necesidad de aumentar el número de profesionales en estas unidades para enfrentar las crecientes demoras y la variedad de casos que deben atender.

Asimismo, la moción busca que el Parlamento demande una mejora en los tiempos de espera para citas en atención primaria, limitando la espera para consultas de psiquiatría y psicología clínica a un máximo de 15 días. También se proponen la creación de nuevas Unidades de Rehabilitación de Salud Mental y comunidades terapéuticas, así como un aumento de personal en hospitales de día y unidades de hospitalización.

Se aborda también la urgencia de desarrollar programas permanentes dirigidos a colectivos vulnerables, incluyendo a menores víctimas de violencia, mujeres que sufren violencia de género, y personas en situación de desamparo o con problemas de salud mental complejos.

Adicionalmente, se hace hincapié en la necesidad de ofrecer atención psicológica pública a los pacientes oncológicos y sus familias, estableciendo un plan progresivo que priorice a las mujeres con cáncer. Se demandan, además, programas de bienestar emocional para el personal del SAS, pues se estima que uno de cada tres trabajadores presenta problemas de ansiedad y estrés.

Finalmente, la moción reclama a la Junta asegurar una financiación estable y específica para la investigación en salud mental, campañas de sensibilización contra el estigma y la prevención de suicidios, así como la reinstauración de la Oficina del Defensor del Paciente en Salud Mental. La propuesta concluye con la solicitud de mayor transparencia acerca de los recursos disponibles en hospitales y centros privados, así como un incremento significativo en el presupuesto destinado a asociaciones relacionadas con la salud mental para el año 2026.