SEVILLA, 13 de mayo. En una jornada marcada por la colaboración y la urgencia, las comunidades autónomas de Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla-La Mancha han unido fuerzas este martes para exigir al Gobierno un nuevo modelo de financiación autonómica. Los representantes de estas regiones han subrayado la necesidad imperiosa de reformar un sistema que consideran obsoleto y que debió renovarse en 2014. El consejero de Economía y Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, ha manifestado que esta reforma es crucial para equiparar la financiación per cápita y competir en igualdad de condiciones.

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) ha organizado en Sevilla una cumbre informal de comunidades subfinanciadas, donde la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Generalitat, Carolina España, ha servido de anfitriona en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga. Este encuentro reunió a los consejeros de Hacienda de las regiones afectadas, quienes abordaron las deficiencias en el sistema de financiación en una mesa redonda moderada por el catedrático de Economía José Ignacio Castillo.

Durante la cumbre, se presentó un informe del IVIE que reveló la preocupante situación de infrafinanciación en estas comunidades. Andalucía acumula un déficit de 13.411 millones desde 2009, la Comunidad Valenciana cerca de 20.000 millones, y la Región de Murcia y Castilla-La Mancha cifras que rondan los 4.000 y 2.000 millones, respectivamente. El estudio estima que las necesidades totales de financiación ascienden a 137.000 millones, poniendo de manifiesto la magnitud del problema.

A pesar de que los consejeros compartieron un discurso unitario sobre la necesidad de reforma, el enfoque de Castilla-La Mancha, representada por Juan Alfonso Ruiz, se destacó al defender la aceptación de la condonación de la deuda, un ofrecimiento del Gobierno en el marco de un pacto con ERC. Ruiz considera que tal medida podría aliviar la carga financiera de su comunidad, aunque reconoció que esta no debe sustituir a una reforma estructural del sistema de financiación.

Por su parte, la consejera andaluza, Carolina España, enfatizó que la condonación por sí sola no es suficiente para mejorar el sistema de financiación. Criticó la falta de propuestas concretas y expresó que los ciudadanos de Andalucía reciben, en promedio, 183 euros menos que la media nacional, lo que dificulta la convergencia entre comunidades. Además, realizó una llamada a la acción recordando que la actual situación es insostenible y exigió justicia en la asignación de recursos.

La consejera de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, también abordó la desigualdad que provoca el actual sistema de financiación, señalando que esto refuerza la discrepancia entre los ciudadanos de diferentes comunidades. Merino hizo hincapié en la necesidad de encontrar soluciones inmediatas y expresó la frustración por la dependencia del Gobierno de los apoyos independentistas, lo que limita su capacidad de acción.

Merino describió la crisis como una "infrafinanciación crónica", que obliga a su comunidad a intentar equilibrar su gasto con respecto a la media, a pesar de que esto genera un déficit estructural. Aunque reconoció el progreso en la reducción de la deuda, destacó los desafíos persistentes que enfrenta su comunidad en términos de financiamiento adecuado.

Desde Murcia, Luis Alberto Marín también planteó que si su comunidad recibiera los mismos recursos que la media autonómica, su presupuesto podría incrementarse en un 11%, y en un 23% si se comparara con la mejor financiada. Marín insistió en que la situación requiere respuestas rápidas, retratando a las comunidades infrafinanciadas como si estuvieran corriendo una carrera a 100 metros, pero comenzando 20 metros por detrás.