SEVILLA, 12 de noviembre. La situación en Andalucía ha adquirido un tono crítico tras la publicación, el pasado 7 de noviembre, del acuerdo del Consejo de Ministros en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que declara toda la región 'Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil'. Este decreto responde a los estragos causados por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que asoló la península entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre, generando un significativo número de solicitudes de ayuda que actualmente alcanza la cifra de 80 desde distintos municipios andaluces.

La provincia más afectada ha sido Almería, donde se han presentado un total de 61 solicitudes. Le siguen las provincias de Málaga, con 15 solicitudes, y Cádiz, que ha registrado 4. Esta información ha sido compartida a través de una nota oficial emitida por la Delegación del Gobierno en Andalucía este martes, subrayando la magnitud del impacto que ha dejado la reciente catástrofe natural en la comunidad.

Con el objetivo de acelerar los procesos de ayuda, el Gobierno ha dispuesto que a partir del miércoles 13 de noviembre comiencen a incorporarse los primeros empleados públicos interinos de refuerzo en las subdelegaciones del Gobierno en aquellas áreas más perjudicadas. Este refuerzo humano se incrementará a lo largo de la semana, buscando así dotar de mayor capacidad administrativa a las instituciones locales.

Una vez que estos nuevos empleados se integren, los técnicos de las subdelegaciones, quienes ya han llevado a cabo una evaluación inicial de los daños, serán los encargados de coordinar visitas a los municipios afectados. En cooperación con los alcaldes, se atenderá a los ciudadanos para brindarles información sobre cómo tramitar las ayudas disponibles, facilitando un acceso más directo a los recursos necesarios.

Las ayudas anunciadas en el BOE están dirigidas a mitigar las consecuencias de la tragedia, abarcando una amplia gama de daños, desde pérdidas personales hasta daños materiales en viviendas y pertenencias, así como en infraestructuras locales y establecimientos comerciales. Todo ello bajo los términos especificados en el Real Decreto 307/20005, de 18 de marzo, que regula este tipo de asistencias.

Además, la normativa contempla la posibilidad de subvencionar hasta el 50% del coste de las obras que las entidades locales deberán ejecutar para reparar las infraestructuras e instalaciones dañadas, resaltando la voluntad del Gobierno por garantizar la recuperación de la región.

El Gobierno también se ha dotado de herramientas adicionales, permitiendo a los ministerios designar zonas de actuación especial y declarar emergencias para intervenciones rápidas en infraestructuras estatales afectadas. Estos pasos, según indican desde el Ejecutivo, se traducen en una mayor agilidad a la hora de implementar soluciones a los daños sufridos.

Las medidas urgentes también incluyen la consideración de contratos de reparación como casos de emergencia, facilitando así la evaluación de daños y la reposición de bienes de manera expedita. Esta celeridad es crucial para restaurar la normalidad en las áreas afectadas.

En un esfuerzo por actuar de manera más efectiva y rápida, se permitirá que las administraciones y el Consorcio de Compensación de Seguros compartan datos personales necesarios para gestionar las ayudas. Asimismo, se ha establecido la posibilidad de expropiar de forma urgente los bienes necesarios para llevar a cabo las reparaciones pertinentes.

El Gobierno también ha dado instrucciones al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que se impulse la creación de un Portal Registral de Emergencias. Este portal servirá como plataforma para coordinar esfuerzos entre los letrados y los órganos judiciales que se ocupan de la gestión de las crisis, además de reforzar los medios de los institutos de medicina legal que puedan haber resultado dañados.

Por otra parte, se ha decidido permitir que el superávit de las entidades locales que estén cubiertas por la declaración de zona afectada se destine a financiar inversiones para la reparación de los daños, lo cual se considera una medida financieramente sostenible. Con ello, se establece también una Comisión interministerial que tendrá el mandato de planificar y llevar a cabo acciones urgentes en todas las áreas afectadas por la DANA, presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Dicha comisión estará compuesta por varios ministerios, incluyendo Interior, Hacienda, Trabajo y Economía Social, Transición Ecológica y Reto Demográfico, y muchos otros, lo que refleja un enfoque integral y amplio ante la crisis.

Finalmente, se ha autorizado a Tragsatec para que lleve a cabo peritajes y valoraciones de daños solicitadas por las administraciones. Mercasa, por su parte, se encargará de ofrecer apoyo logístico y distribución de alimentos. En este contexto, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) también se suma a la respuesta, ofreciendo materiales de emergencia y ayuda humanitaria a las autoridades competentes en un momento tan crucial para los andaluces afectados.