SEVILLA, 20 de octubre. La tensión entre los sindicatos de la Mesa General de Función Pública y la Consejería de Justicia ha aumentado, ya que los primeros han decidido movilizarse en respuesta a lo que consideran un "bloqueo inaceptable" de las promesas económicas hechas para subir los sueldos de aproximadamente 50.000 trabajadores de la administración autonómica, así como de 27.000 empleados de entidades dependientes y un millar en el sector de Justicia.

Ante estas acusaciones, desde la Consejería se ha defendido la continuidad del diálogo, asegurando que se mantiene "una mesa de negociación abierta" con las organizaciones sindicales. Expresaron el deseo de llegar a acuerdos que beneficien tanto a los trabajadores como a la ciudadanía, destacando su compromiso en proporcionar servicios de calidad.

El acuerdo que se había negociado inicialmente contemplaba una inyección de 200 millones de euros entre 2026 y 2030, un plan que no solo contemplaba aumentos salariales –que no se aplican desde 2008–, sino también la reactivación de la acción social para los 270.000 empleados del Gobierno andaluz. Sin embargo, la Junta argumentó que se requerían recursos para la salud durante una reunión crucial la semana pasada, lo que impidió la firma del acuerdo tras tres meses de intensas negociaciones.

Además, la Junta ha anunciado planes para destinar más de 100 millones de euros a mejorar los programas de detección temprana del cáncer de mama, colon y cuello de útero, lo que ha llevado a los sindicatos a cuestionar la forma en que se gestionan los fondos. Están de acuerdo en que la mala administración no debe recaer sobre los trabajadores de la Junta y han catalogado el comportamiento de la Administración como una falta de lealtad.

Los representantes sindicales han criticado lo que consideran un incumplimiento de las condiciones acordadas al inicio de las negociaciones, señalando que había un compromiso previo con montantes específicos que ahora se niegan a cumplir. "Este tipo de bloqueos son inaceptables y reflejan una total falta de compromiso hacia las organizaciones que han estado trabajando de buena fe", acusaron.

Por su parte, la Consejería de José Antonio Nieto subrayó su compromiso con el diálogo y el consenso, poniendo de relieve ejemplos como la Ley de Función Pública y los esfuerzos para estabilizar a los interinos. Aseguraron que, aunque están en un proceso de modernización administrativa, siempre han sido receptivos ante las demandas de los sindicatos y han buscado integrar sus reivindicaciones.

El Gobierno andaluz, a través de la Consejería, reafirmó que su enfoque está dirigido hacia una administración más eficiente y moderna, respaldada por una Estrategia de Administración Innovadora, diseñada en colaboración con los sindicatos. Sin embargo, queda por ver cómo se resolverá esta situación que ya ha provocado un descontento significativo entre los trabajadores.