SEVILLA, 27 de octubre. Hoy, el secretario de Salud Laboral de UGT Andalucía, Pablo Sánchez Villegas, ha dado a conocer un informe que respalda la implementación de la figura del Delegado Territorial o Sectorial de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en la región, un paso esencial para abordar la preocupante tasa de accidentes laborales que afecta a la comunidad autónoma.

El informe, titulado 'Delegados/as Territoriales o Sectoriales de Prevención de Riesgos Laborales. Una figura imprescindible y muy necesaria en Andalucía', ofrece un análisis exhaustivo sobre la siniestralidad laboral en la última década, el marco legal que respalda esta iniciativa, así como las experiencias exitosas implementadas en otras comunidades como Asturias, Navarra y La Rioja.

Según los datos presentados, en el año 2024 se registraron 107.338 accidentes laborales con baja en Andalucía, un aumento del 31% en comparación con 2014. Además, se reportaron 1.150 accidentes graves y 132 fallecimientos, lo que representa un alarmante incremento del 50% en la mortalidad laboral en la última década.

El informe detalla que, en promedio, un accidente laboral ocurre cada cinco minutos en Andalucía y que, sorprendentemente, una de cada cuatro víctimas de accidentes graves en España es andaluza. Sánchez Villegas ha calificado estas cifras de “inaceptables”, subrayando la urgencia de actuar para evitar que el trabajo suponga un riesgo para la vida.

El estudio también revela que el 85,6% de las empresas en Andalucía son microempresas, muchas de las cuales carecen de representación sindical en temas de prevención. Esto deja a miles de trabajadores desprotegidos ante los riesgos laborales, como señala el informe.

Además, se destaca que más del 21% de los accidentes laborales ocurren en empresas con menos de diez empleados, muchas de las cuales no cuentan con evaluaciones de riesgos ni con la formación necesaria para prevenir accidentes.

Sánchez Villegas ha señalado que el modelo actual de prevención no llega a estas microempresas y ha enfatizado que la protección en este ámbito es prácticamente inexistente para las pymes y los trabajadores autónomos.

El análisis también indica que los sectores más afectados por los accidentes laborales son los servicios, la construcción, la industria y la agricultura, siendo los más alarmantes los números en construcción y servicios, con 28 y 61 muertes registradas en 2024, respectivamente.

Las provincias con mayor número de accidentes son Málaga y Sevilla, mientras que Jaén, Almería y Granada registran cifras elevadas de mortalidad laboral. Esto lleva a Sánchez Villegas a sostener que "los sectores más golpeados son también los más precarios", haciendo un llamado de atención sobre la combinación de temporalidad, subcontratación y falta de formación como un "cóctel mortal".

Ante esta situación, la propuesta del sindicato UGT-A aboga por la creación de un delegado territorial o sectorial de Prevención de Riesgos Laborales (DTP), una figura que ya ha demostrado su efectividad en otras comunidades y que operaría de forma independiente a las empresas, con funciones similares a las de los delegados de prevención internos.

Esta figura tendría como misión la supervisión del cumplimiento de normativas, la asesoría y formación tanto a trabajadores como a empresarios, la gestión de denuncias ante la Inspección de Trabajo y la promoción de una cultura de prevención en las pequeños negocios, donde actualmente no se tiene representación.

A diferencia de los técnicos de la Junta, que realizarían una labor más de inspección, los delegados territoriales tendrían un enfoque continuo y proactivo centrado en la prevención, complementando así el trabajo de los técnicos habilitados en lugar de sustituirlo.

El informe resalta que el programa actual de técnicos habilitados está lejos de ser suficiente, con solamente 6.000 visitas anuales, algo que no puede cubrir las necesidades del tejido productivo andaluz.

UGT Andalucía ha asegurado que la creación de esta figura es completamente viable desde el punto de vista legal, pudiendo implementarse a través de negociaciones colectivas y acuerdos sociales entre los diferentes actores involucrados, incluyendo la administración autonómica.

La propuesta también aboga por una financiación pública que la considere una inversión social y económica, entendiendo que la disminución de accidentes no solo salva vidas, sino que reduce gastos derivados de los accidentes, incrementa la productividad y disminuye el gasto en sanidad y pensiones por incapacidad.

Sánchez Villegas enfatiza que invertir en prevención es un deber ético y una estrategia hacia la eficiencia, afirmando que cada euro destinado a este fin se traduce en bienestar y ahorro colectivo.

El sindicato sugiere que el modelo andaluz debería estar basado en un organismo tripartito que incluya a la Junta, sindicatos y organizaciones empresariales para supervisar y planificar la labor de los delegados territoriales, asegurando así la colaboración con el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (Iaprl) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Estos delegados deberán ser profesionales cualificados en prevención, con formación continua y acreditada, y con recursos adecuados para realizar evaluaciones, asesorías y seguimiento en los diferentes centros de trabajo.

Sánchez Villegas ha manifestado la intención de crear una red de prevención "sólida, profesional y más presente en el territorio", argumentando que Andalucía necesita una mayor cercanía, visibilidad sindical y un impulso a la cultura de prevención.

El informe concluye resaltando que la implementación de esta figura es crucial para revertir la tendencia ascendente de la siniestralidad laboral, especialmente en un momento donde la digitalización y la transición ecológica presentan nuevos desafíos en el ámbito de salud laboral.

Finalmente, ha subrayado que, con casi 30 años desde la promulgación de la Ley de Prevención, es momento de actualizar el modelo y dotarnos de herramientas más efectivas y humanas.