SEVILLA, 18 de noviembre. En una declaración ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, Amelia Martínez, actual viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, defendió la decisión de optar por un control financiero permanente en lugar de la fiscalización previa para los contratos administrativos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), argumentando que esta medida fortalece la supervisión de los contratos de emergencia que se realizaron durante la pandemia.

Martínez expuso su posición durante su comparecencia como testigo en un caso que investiga la contratación de emergencia por parte del SAS, que totaliza un monto de 242 millones de euros. Este proceso judicial fue suscitado por una denuncia presentada por los grupos políticos Socialista y Podemos Andalucía, y examina posibles irregularidades administrativas.

La modificación del método de control fue aprobada el 6 de octubre de 2020, cuando el Consejo de Gobierno decidió incluir los contratos de emergencia del SAS bajo el régimen de control financiero permanente, asegurando así que se realizara un seguimiento más eficaz en un contexto crítico.

Sin embargo, durante su declaración, se reveló que esta decisión se tomó sin una propuesta formal del entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, ni del informe correspondiente de la Intervención General, y que el acuerdo se estableció de manera posterior en una reunión entre los viceconsejeros.

De acuerdo con diversas voces consultadas, el Reglamento de la Intervención General establece que el informe de reparo, que sirve como mecanismo de aviso en la fiscalización previa, deja de aplicarse con la transición al control financiero permanente, lo que podría presentar riesgos en la supervisión de los fondos públicos.

La viceconsejera argumentó que este cambio se realizó en respuesta a la gran cantidad de contratos de emergencia que surgieron debido a la crisis sanitaria, al tiempo que calificó como "insuficientes" las garantías que brindaba la fiscalización previa en estas circunstancias.

Además, Martínez hizo hincapié en que los mismos funcionarios de la Intervención señalaron el aumento de carga laboral que la fiscalización previa podía generar en el contexto de la emergencia COVID-19, abogando por la necesidad de adaptación en los mecanismos de control.

En cuanto a la supuesta pérdida de 47 millones de euros en fondos europeos durante la segunda fase de reforma del Hospital Muñoz Cariñanos, anteriormente conocido como Vigil de Quiñones, la viceconsejera negó esta afirmación, subrayando que el Ministerio de Hacienda ha reconocido que Andalucía ha superado el marco de apoyo comunitario en un 117%, asegurando que no se ha perdido ni un solo euro de los fondos europeos disponibles.

Martínez fue precedida en su declaración por la entonces responsable de la Intervención del SAS, Blanca Pons, y su adjunta, Victoria López, quienes confirmaron la validez de sus informes y reafirmaron que "no hubo detrimento de los fondos públicos" en el desarrollo de estos contratos.