SEVILLA, 1 de febrero. La próxima sesión del Pleno del Parlamento de Andalucía se centrará en una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Vox, que solicita a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que suspendan de manera inmediata cualquier tipo de apoyo económico al desarrollo que se destine a Marruecos. Además, este grupo político pide que se interrumpan todas las relaciones comerciales con el país magrebí y con otros Estados no pertenecientes a la Unión Europea, a los que consideran que generan competencia desleal a los productores andaluces.

En el marco de esta iniciativa, Vox aboga por que las autoridades andaluzas y del Estado eleven a las instituciones europeas la necesidad de implementar medidas de apoyo específicamente dirigidas a los puertos andaluces de titularidad estatal. Este llamado llega tras la efectividad del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS), que, según sostienen, ha causado un impacto negativo en la economía local, el cual consideran urgente de remediar hasta que se derogue dicha directiva medioambiental.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es el apoyo a los trabajadores y empresas que operan en el Puerto de Algeciras, que se ven perjudicados por la creciente preferencia de las navieras por el puerto de Tánger-Med en Marruecos. Vox argumenta que esta situación es consecuencia de la implementación del ETS y de las políticas medioambientales incluidas en el paquete 'Fit for 55', que consideran como un ataque a la competitividad del sector marítimo andaluz.

El partido de derecha hace un llamado urgente a la derogación de estas normativas, argumentando que su existencia amenaza la viabilidad económica de los puertos andaluces frente a puertos extracomunitarios, lo que podría contribuir a la deslocalización de actividades comerciales en detrimento de la economía local y de los empleos en la región.

Asimismo, Vox plantea que la Junta de Andalucía y el Gobierno central deben exigir a las autoridades europeas la eliminación de acuerdos comerciales y la finalización de ayudas a países que no forman parte de la Unión Europea, ya que estos apoyos comprometen los principios de equidad que rigen el Mercado Único europeo y favorecen la competencia desleal hacia los productos locales. Esta propuesta también aborda la necesidad de un frente unificado ante las prácticas comerciales que considera abusivas del régimen de Rabat.

En línea con estas reivindicaciones, Vox solicita que la Cámara autonómica exprese su oposición a aquellos Estados que se comportan como refugios de emisiones. Critican las políticas medioambientales de la UE, particularmente aquellas implementadas a través del ETS, argumentando que esta normatividad no solo no protege los intereses de los ciudadanos españoles, sino que facilita la deslocalización del transporte marítimo hacia puertos en condiciones de ventaja competitiva.

La propuesta también incluye un llamado a que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno español elabore un plan estratégico que contemple actuaciones conjuntas para la mejora y modernización de las infraestructuras portuarias. Se pide, además, una revisión de los procesos burocráticos actuales que añaden lentitud a las gestiones administrativas e incrementar la plantilla de personal dedicado a su tratamiento.

Por último, Vox hace hincapié en la necesidad de modernizar los controles en los puntos fronterizos de los puertos españoles para reducir las demoras en la tramitación de mercancías, lo que podría repercutir negativamente en el tráfico portuario y, por ende, en la economía andaluza. En este sentido, exigen la creación de una “Oficina contra el Fraude en el Reetiquetado”, con la responsabilidad de supervisar el control y distribución de productos alimentarios importados desde países terceros, buscando así salvaguardar la normativa vigente y asegurar la calidad de las mercancías que ingresan al país.