El pasado 7 de octubre en Sevilla, Ángela Claverol, presidenta de la asociación Amama, alertó sobre una situación alarmante en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Durante una entrevista en Onda Local de Andalucía, hizo referencia a la trágica realidad de mujeres que han perdido la vida debido a demoras en las pruebas complementarias después de recibir resultados inconclusos en sus mamografías. "Esto es una catástrofe que no podemos ignorar", afirmó con tono conciliador pero firme.

Claverol compartió la historia desgarradora de un esposo que había acudido a la sede de su organización ese mismo día, tras el fallecimiento de su esposa una semana antes. "Nuestra realidad está compuesta por mujeres que lloran cada día, mientras que quienes están realmente preocupados son ellos", en referencia al Gobierno andaluz, enfatizó la presidenta, mostrando así la profunda empatía que siente por las víctimas.

Amama fue la primera en sacar a la luz los problemas que afectan al programa de cribado del cáncer de mama, y Claverol reveló que ha recibido testimonios de personas que buscan formas de pagar por pruebas en la sanidad privada. “¿Qué valor tiene la vida de una mujer andaluza para el SAS?”, cuestionó, instando a la Junta de Andalucía a incrementar el número de radiólogos disponibles para evitar más tragedias.

Además, anunció la intención de llevar a cabo una demanda colectiva, aunque aún quedan detalles por definir. "Parece que solo les preocupa el dinero y no el sufrimiento humano", señaló Claverol, dejando claro que el verdadero enemigo a vencer es el cáncer de mama.

La asociación también ha reiterado la necesidad de un “informe veraz” que aclare la magnitud del problema, pidiendo responsabilidad y que las pruebas se realicen de inmediato. Claverol alabó la dedicación de los profesionales de la salud, describiéndolos como "héroes", y aclaró que las quejas no son dirigidas hacia ellos, sino hacia la administración que los maneja.

En paralelo, Izquierda Unida ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en la que señala “errores graves” en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía. Los últimos tres consejeros de Salud de la Junta están implicados en esta situación, que han sido señalados como parte de un sistema que ha dejado desprotegidas a miles de mujeres ante un diagnóstico potencialmente letal.

La denuncia destaca que las irregularidades pueden ser indicativas de delitos graves, como homicidio imprudente por omisión. Se menciona que la gestión ineficaz ha resultado en la falta de seguimiento para casos que no fueron diagnosticados adecuadamente, lo que ha derivado en un aumento de casos de cáncer avanzado y, en algunos casos, en muertes de pacientes que no recibieron el tratamiento a tiempo.

Amama y otras organizaciones han documentado cómo estos retrasos han contribuido al avance del cáncer, obligando a muchas mujeres a enfrentar tratamientos más severos y prolongados. La denuncia subraya que cualquier falta en la gestión de salud pública es una violación directa de los derechos y bienestar de los ciudadanos y, por ende, una responsabilidad que debe afrontarse.

La situación es tan crítica que el retraso en el diagnóstico y seguimiento de mamografías puede considerarse como lesiones imprudentes por omisión, lo que plantea la posibilidad de implicaciones legales significativas para quienes están al mando de la sanidad pública en la región.

Dado el contexto actual, el incumplimiento de las obligaciones por parte de la administración sanitaria no solo amenaza la salud de muchas mujeres, sino que también puede llevar a una pérdida de confianza en el sistema de salud, con posibles consecuencias penales para los responsables de este desfalco en la gestión.

Izquierda Unida y Amama esperan que esta denuncia sirva no solo para responsabilizar a quienes se encuentren en falta, sino también para evitar que situaciones similares puedan repetirse en el futuro y, sobre todo, para garantizar cuidados médicos adecuados y efectivos a todas las mujeres andaluzas.