El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha decidido dar un paso importante hacia la protección de los consumidores con la introducción del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible. Esta nueva normativa está dirigida a regular los precios dinámicos adoptados por algunas empresas, buscando prevenir incrementos abusivos durante situaciones de emergencia o desastres naturales.

Esta iniciativa surge como respuesta a las inquietudes manifestadas por la ciudadanía tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, el pasado domingo. Los consumidores se vieron afectados por un notable aumento de los precios en los medios de transporte alternativos después de la interrupción del servicio ferroviario, una situación que ha llevado a las autoridades a actuar con urgencia, según reportes del Ministerio encabezado por Pablo Bustinduy.

La propuesta de regulación fue incorporada en la última actualización del Anteproyecto, presentada en diciembre de 2025, y ahora se encuentra en fase de revisión para su aprobación en una segunda reunión del Consejo de Ministros.

Con esta nueva legislación, las empresas estarán obligadas a proporcionar información previa sobre cómo se desarrollarán los precios de sus productos o servicios. En otras palabras, tendrán que anunciar los precios que regirán durante un período dado y no podrán sobrepasar esos montos, lo que contribuirá a prevenir tarifas excesivas en momentos imprevistos o críticos.

El Ministerio de Consumo ha recibido numerosas quejas relacionadas con un incremento desmedido de las tarifas de transporte alternativo tras la suspensión del tráfico ferroviario. Este desajuste ha reforzado la urgencia de implementar una nueva legislación que brinde más protección a los consumidores en momentos de crisis, como ha sucedido recientemente en Adamuz.

Es importante recordar que ya existe un marco legal que impide a las empresas que aplican precios automatizados elevar sus tarifas en situaciones catalogadas como emergencias de protección civil, tal como establece la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Con la nueva normativa, esta protección se ampliará a otros escenarios relevantes.

El Ministerio también ha delineado los derechos de los viajeros afectados por la suspensión del servicio ferroviario. Aquellos que tenían billetes contratados tienen derecho a recibir un transporte alternativo sin coste adicional, lo que les permitirá continuar su viaje, ya sea de inmediato o en una fecha posterior más conveniente.

Si las operadoras no pueden ofrecer esa alternativa y los pasajeros recurren a medios propios de transporte, tienen derecho a que se les reembolsen los gastos razonables que hayan incurrido, por lo que se aconseja guardar todos los comprobantes de los gastos realizados.

En caso de que un pasajero decida cancelar su viaje, la compañía deberá reembolsar el importe total del billete dentro de un plazo máximo de treinta días desde la solicitud, la cual puede ser presentada hasta tres meses después del evento.

Además, se hace un recordatorio a todos los afectados que cuentan con un periodo de tres meses para presentar reclamaciones directamente a las compañías de transporte, utilizando los canales habilitados para tal fin.

Para Renfe, las reclamaciones pueden hacerse a través de un formulario disponible en su sitio web o mediante el número telefónico 900 878 333. Los usuarios de Iryo pueden utilizar tanto el formulario en su página web, como comunicarse al 910 150 000 o por email a [email protected]. En el caso de Ouigo, se puede completar el formulario de quejas o llamar al 900 759 781.

Por último, el Ministerio solicita que no se utilicen los canales designados para comunicarse con los familiares de los pasajeros afectados por el accidente para presentar estas reclamaciones. Esto asegura que los procesos se manejen adecuadamente y se dé apoyo a los que realmente lo necesiten en esos momentos difíciles.