El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, se enfrenta a un nuevo juicio en el contexto del escándalo de los ERE, relacionado con las ayudas otorgadas en 2010 a la empresa malagueña Fabricantes de Encimeras para Europa. Esta situación ha suscitado intensas críticas, ya que su defensa señala que Rivera se encuentra en una posición injusta tras ser excluido de la pieza principal del caso, mientras que sigue siendo objeto de múltiples acusaciones en más de 60 piezas separadas.

El juicio, que tuvo lugar el lunes en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, se centró en la concesión de estas ayudas, de las cuales Rivera y el empresario C.M.C., directo beneficiario, son acusados. Sin embargo, se puso de manifiesto que la causa había sido sobreseída para C.M.C., lo que significa que no hubo evidencia de su conocimiento sobre las irregularidades en la concesión de los fondos.

Durante la fase inicial del juicio, la abogada de Rivera expresó su preocupación por el tratamiento desigual que está recibiendo su cliente en comparación con otros implicados en el proceso. A pesar de que Rivera ha sido exonerado de la pieza principal del caso, sigue enfrentándose a acusaciones que podrían acarrearle hasta 300 años de prisión, lo que ella considera un claro ejemplo de un "disparate procesal."

La defensa de Rivera también subrayó que los hechos que se abordan en estas piezas separadas ya fueron tratados en la causa principal del "procedimiento específico," lo que debería haber llevado a la nulidad de estas acciones judiciales. Este escenario ha sido calificado como un claro incumplimiento del principio de "non bis in idem," el cual estipula que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos.

Un hecho que agrava la situación es que el ex director general se enfrenta a más de 60 juicios por diferentes piezas separadas, cada una relacionada con las ayudas firmadas por él. Esto contrasta con el caso de Juan Márquez, su predecesor, quien, a pesar de tener vinculaciones con una mayor cantidad de fondos, recibió un tratamiento judicial distinto, enfrentándose a una condena inicial de seis años de cárcel, que luego fue anulada por el Tribunal Supremo.

Esencialmente, mientras que Márquez gestionó más de 80 millones de euros, Rivera solo está ligado con unos 54 millones, pero su situación jurídica es drásticamente más desfavorable. Este contraste fue resaltado por su defensa, que argumenta que Rivera no solo se encuentra bajo el peso de un juicio injusto, sino que también se ve perjudicado por un trato discriminatorio en relación con otros acusados en el caso de los ERE.

La Fiscalía y los acusadores, que incluyen a la Junta de Andalucía y al Partido Popular, han rechazado las alegaciones de la defensa, argumentando que no existe duplicidad en los hechos relacionados con el juicio de los fondos autonómicos. La Sección Cuarta de la Audiencia ha prometido abordar estas cuestiones previas en la próxima sesión, que se llevará a cabo el martes, y permitirá que Rivera declare al final del proceso tras la presentación de las pruebas.