En una importante operación contra la trata de personas, la Policía Nacional, a través de su Grupo Operativo de Extranjeros en la Comisaría Provincial de Cádiz, ha desmantelado un inmueble en San Fernando que se utilizaba para la explotación sexual de mujeres. Durante la intervención, se detuvo a tres mujeres, quienes están acusadas de estar involucradas en delitos de trata y prostitución forzada.

La investigación se inició tras recibir múltiples denuncias y testimonios que alertaban sobre la alarmante situación de vulnerabilidad de estas mujeres, muchas de las cuales llegaron a España con falsas promesas de empleo, según ha indicado la Policía en un comunicado.

Una vez en el país, las víctimas eran sometidas a condiciones inhumanas: largas jornadas laborales, restricción total de movimientos, vigilancia constante mediante cámaras, nutrición insuficiente y la obligación de aceptar cualquier tipo de servicio, con el riesgo de comprometer su salud.

Las operaciones de análisis por parte de los agentes confirmaron la presencia de varias víctimas en el lugar, donde se encontró además que algunas se encontraban en situación irregular respecto a su estatus migratorio.

El rastreo de anuncios en plataformas de contacto y transacciones económicas relacionadas con el número de la principal sospechosa evidenció la naturaleza delictiva de sus actividades.

Como parte de la fase culminante de la investigación, autorizada por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Fernando, se realizaron dos registros: uno en el domicilio donde se llevaba a cabo la explotación y otro en la residencia de una de las arrestadas. En este último, se confiscó una considerable suma de dinero en efectivo, que se sospecha proviene de la actividad ilícita vinculada a la explotación sexual.

Además, durante esta operación se identificó a varias mujeres que podrían ser consideradas víctimas de trata de seres humanos.

Los registros también llevaron a la incautación de teléfonos móviles y documentos que evidencian el control financiero ejercido sobre las víctimas, poniendo de manifiesto la red de abuso que había sido establecida.

Después de presentar a las tres detenidas ante las autoridades judiciales, se dictó su libertad provisional, pero con medidas restrictivas que incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de presentar informes quincenales en el juzgado. Además, se ordenó el cierre temporal de la vivienda durante un periodo de cinco años.