El reciente pacto sellado entre la Unión Europea y los países que integran el Mercosur—Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela—promete mantener intactos los rigurosos estándares de seguridad y calidad alimentaria que caracterizan a la UE. Esto significa que todos los productos que se comercialicen en el mercado europeo deberán adherirse a los elevados requisitos sanitarios y fitosanitarios establecidos, al tiempo que esta alianza tiene el potencial de estimular las exportaciones agroalimentarias españolas y contempla cláusulas de salvaguardia.

Según informan fuentes del Gobierno, este acuerdo, resultado de más de 20 años de negociaciones, no alterará las normativas de seguridad alimentaria vigentes en la Unión Europea, ya que dichas normativas permanecen “inalteradas”. Por lo tanto, es obligatorio que todos los productos que ingresen en la UE cumplan con sus "exigentes requisitos sanitarios, fitosanitarios y de seguridad alimentaria".

A pesar de las críticas y preocupaciones levantadas por diversas organizaciones agrarias que señalan el impacto adverso que podría acarrear la importación de productos agrícolas de estos países, los cuales podrían no cumplir los estándares exigidos en el ámbito comunitario, el Ejecutivo ha enfatizado que el acuerdo “no cambia nada”. Se asegura que no se cuestionarán las normas que regulan la seguridad y calidad alimentaria dentro de la UE.

Además, el acuerdo facilitará la reducción de aranceles y de ciertos requisitos aduaneros, lo que permitirá un acceso más fluido a estos mercados. Esta situación favorece especialmente las exportaciones de productos emblemáticos de la agricultura española, como el aceite de oliva, el vino y el porcino, entre otros.

En cuanto a los sectores considerados sensibles, como la carne de vacuno, la avicultura, el arroz y el azúcar, que han expresado su preocupación por ser tratados como moneda de cambio en estas negociaciones, el Gobierno insiste en que las cuotas establecidas están claramente definidas. Reconocen que estos elementos representaron “dificultades” en las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur.

Así, las autoridades consideran que la liberalización acordada ha sido “muy medida y controlada” y que no representa un riesgo de desestabilización. No obstante, subrayan que si surgiesen irregularidades, se implementarían “medidas de salvaguardia” para mitigar cualquier efecto negativo.

Las cuotas negociadas, que fueron uno de los puntos más difíciles, han sido descritas como “estrictas y limitadas”. Por ejemplo, la cuota para la carne de vacuno se fijó en 99.000 toneladas, con cifras similares para el bovino, y 180.000 toneladas para la carne avícola.

En el caso del azúcar, la cuota se estableció en 180.000 toneladas y para el arroz, en 60.000 toneladas. Estas cantidades representan entre el 1% y el 2% del consumo y la producción europea, lo que garantiza que no generarán un impacto disruptivo en el mercado europeo.

Asimismo, en relación con la posibilidad de reactivar la propuesta de la Comisión Europea para crear un fondo de 1.000 millones de euros destinado a compensar eventuales perturbaciones en el mercado, el Gobierno ha señalado que esta cuestión será analizada a partir del próximo año.

Este acuerdo también contempla una mayor protección para las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) españolas, tales como el Jamón de Jabugo, el Aceite de Baena, el vino de Ribera del Duero y el brandy de Jerez, entre otros. Esta protección resulta crucial para evitar la imitación y las prácticas comerciales desleales que podrían surgir por parte de los productores del Mercosur.

En total, se espera que 59 IGP españolas sean salvaguardadas en virtud de este acuerdo, incluyéndose tres que corresponden a bebidas espirituosas, 28 a vinos y 28 a otros tipos de alimentos.

Por lo tanto, el Gobierno considera que este pacto representa una “oportunidad” para los exportadores agrarios españoles, permitiéndoles posicionar sus productos europeos en los mercados del Mercosur. Esta alianza no solo fortalece las relaciones comerciales y económicas con la región, sino que también establece un marco sólido para avanzar en sostenibilidad y cooperación estratégica a largo plazo.