SEVILLA, 31 de marzo.

La Audiencia Provincial de Sevilla reanuda este martes a las 9:30 horas un importante juicio donde se investigan supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude. Este caso está relacionado con la concesión de derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, ubicado en Aznalcóllar, a la empresa agrupada en México-Minorbis.

En un comunicado emitido el 17 de marzo y difundido por Europa Press, la Audiencia precisó que el juicio había sido suspendido el lunes 31 debido a problemas médicos de uno de los miembros del tribunal, después de haber comenzado las sesiones iniciales los días 2 y 3 de marzo, donde se abordaron diversas cuestiones procedimentales planteadas por las partes implicadas en esta compleja causa.

La reanudación de las audiencias se ha fijado para el 1 de abril, donde declararán los acusados José Marcos A.P., Pastora S.d.l.C.S.d.I y Aurora G.M. Un día después, otros cinco acusados también comparecerán, y las sesiones continuarán el 7 de abril con más testimonios.

En las primeras jornadas del juicio, las defensas de los 16 acusados argumentaron la nulidad del procedimiento, citando posibles violaciones de derechos fundamentales de sus representados, así como una supuesta extralimitación de competencias por parte de la Sección Séptima de la Audiencia, que intervino en apelaciones durante la instrucción del caso, y que está vinculada a la jueza Mercedes Alaya, conocida por su labor en la investigación de los ERE fraudulentos en Andalucía.

Es importante recordar que, a través de la presión de la Fiscalía, la jueza Patricia Fernández Franco, encargada de la investigación inicial, había decidido archivar el caso en dos ocasiones por falta de indicios delictivos. Sin embargo, las apelaciones de las partes acusadoras llevaron a la reanudación de las investigaciones, acción respaldada por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde la jueza Alaya tiene un rol relevante.

La defensa sostiene que la Sección Séptima ha actuado fuera de sus competencias, al asegurarse de que en el primer auto de sobreseimiento se indicaba que el proceso había sido correcto y que no existían evidencias de que las actuaciones favorecieran a Minorbis. El segundo auto de sobreseimiento, también revocado, había señalado la carencia de "indicios ciertos sobre delitos", destacando la presencia de irregularidades generales, pero sin pruebas contundentes.

La fiscal del caso, que ha solicitado la absolución de los 16 acusados, defendió que la magistrada Patricia Fernández Franco cumplió con las diligencias necesarias y argumentó que la decisión de la Sala Séptima de revocar el segundo archivo representó un cambio en la perspectiva del caso. “La instructora se vio obligada a dictar un auto de procedimiento abreviado debido a esta nueva valoración”, explicó la fiscal, subrayando que la magistrada mantuvo un "control exhaustivo" de toda la pesquisa.

En cuanto a las alegaciones de las defensas sobre mal manejo durante las detenciones, la fiscal argumentó que, aunque algunas prácticas puedan ser consideradas rigurosas, los inculpados fueron liberados inmediatamente después de declarar, lo que indica que no se excedió en el tiempo de detención.

La fiscal también rechazó las afirmaciones de las defensas sobre la legitimación de Emerita, la empresa denunciante, señalando que tiene derecho a ejercer la acusación particular, un tema crucial que podría afectar el desarrollo del juicio, dado que la Fiscalía no ha presentado acusaciones en este procedimiento.

El caso penal surge de la impugnación a la resolución del concurso internacional convocado por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, previamente cerrada tras un grave desastre ambiental en 1998. La agrupación México-Minorbis, que incluye a la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan compitieron por este contrato, quedando finalmente los derechos de explotación en manos de México-Minorbis tras la decisión de la mesa de contratación.

Emerita-Forbes Manhattan denunció en los tribunales a la Administración autonómica acusándola de supuestos delitos, alegando que su oferta económica superaba claramente a la de la adjudicataria Minorbis, lo que desencadenó este prolongado proceso judicial.

Entre los acusados se encuentran figuras destacadas como Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa Magtel, el expresidente de la SEPI, Vicente Cecilio Fernández Guerrero, y la exdirectora de Minas de la Junta, María José Asensio Coto, junto a diversos funcionarios autonómicos.