SEVILLA, 18 de diciembre. El Pleno del Parlamento andaluz ha dado luz verde este miércoles a la proposición de Ley que regula la participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la comunidad, un esfuerzo legislativo promovido por el Grupo Popular que ha logrado el apoyo del PSOE-A.

Mientras tanto, los grupos de Vox y Mixto-Adelante Andalucía han optado por rechazar esta propuesta, a pesar de que tanto Vox como el Grupo Por Andalucía habían presentado enmiendas al debate final que se llevaron a cabo hoy, las cuales fueron desestimadas.

El propósito de esta nueva legislación es fortalecer los mecanismos de concertación social, garantizando a los agentes económicos y sociales más destacados de Andalucía un papel activo en todos los espacios de participación institucional, tanto presentes como futuros, con la posibilidad de alcanzar nuevos acuerdos de colaboración social.

Desde el Gobierno andaluz se ha expresado el apoyo a esta ley, considerando que su aprobación sitúa a Andalucía entre las comunidades que han legislado sobre la participación institucional de los agentes sociales. Esta normativa está destinada a asegurar que se ejerzan las funciones que la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía confieren a estas organizaciones en los ámbitos laboral, económico y social.

El Ejecutivo ha subrayado que este avance legal reafirma su compromiso con el diálogo y la participación social, reconociendo que la concertación es una vía eficaz para promover el desarrollo social y económico de Andalucía y una herramienta esencial para la buena gobernanza.

Una vez que la ley entre en funcionamiento, se prevé que el Consejo de Gobierno establezca con carácter excepcional los importes relacionados con la participación institucional para el año 2024 y que, a su vez, se autoricen las transferencias de crédito necesarias.

En la defensa de esta ley, la diputada del PP-A, Jessica Trujillo, expresó que se está saldando una "deuda histórica" de la Junta de Andalucía con los sindicatos y organizaciones patronales, así como con el propio marco legal vigente, además de subrayar que se cumplen acuerdos sociales desde 2009.

Trujillo argumentó que la medida permitirá que las organizaciones sindicales y empresariales ocupen el lugar que les corresponde por derecho constitucional y estatutario, asegurando así que tanto empresarios como trabajadores andaluces puedan organizarse y defender sus intereses efectivamente.

Asimismo, destacó que esta ley dotará a los agentes sociales de un mayor poder de decisión en la gobernanza de la comunidad, lo que consideró positivo para el fortalecimiento democrático de Andalucía.

Por su parte, la parlamentaria del PSOE-A, Irene García, se mostró confiada en que esta iniciativa consolidará un trabajo valioso y enfatizó la importancia del diálogo social, destacando que dicho diálogo debe ser la norma y no la excepción. Resaltó que desde su grupo se habían presentado enmiendas con el fin de enriquecer la propuesta.

El diputado de Vox, Benito Morillo, justificó el voto en contra de su grupo argumentando que los sindicatos deberían ser financiados únicamente a través de las cuotas de sus afiliados, criticarando las subvenciones que reciben y sugiriendo que esta ley perpetúa un sistema injusto que beneficia a organizaciones corruptas.

Desde el grupo Por Andalucía, Inma Nieto consideró que la ley establece un marco necesario para la participación de los agentes sociales en la toma de decisiones que les concierne, aunque lamentó que el resultado final de la propuesta fuese "poco ambicioso" y que no aprovechase la oportunidad de enriquecer el marco normativo existente sobre la participación institucional.

Finalmente, José Ignacio García, portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, justificó su voto en contra considerando que la ley presenta un enfoque excluyente, ya que prioriza a las organizaciones sindicales mayoritarias por encima de otras voces, lo que a su juicio, vulnera la verdadera representación de la clase trabajadora y debilita la equidad en las condiciones de participación.