En el contexto del inicio del nuevo curso político, el Partido Popular Andaluz (PP-A) tiene previsto presentar el jueves una serie de propuestas en el primer Pleno del Parlamento. Entre sus iniciativas, se destaca la necesidad de que el Gobierno central impulse en la Unión Europea negociaciones con Estados Unidos para establecer salvaguardias arancelarias específicas que beneficien a los sectores del aceite de oliva, vino, frutas, hortalizas y ganadería extensiva. Esta estrategia se basa en el éxito de otros productos agrícolas que han logrado un marco legal independiente.

Además, el grupo político solicitará que el Ejecutivo defendiera la asignación de fondos de la Política Agrícola Común (PAC), en oposición a los recortes sugeridos para el periodo 2028-2034. Se cuestiona la importancia de mantener un presupuesto fijo para la política agraria, asegurando así su viabilidad dentro del marco financiero plurianual de la UE.

Otra demanda relevante es la preservación de la PAC como una política común autónoma, evidenciando la necesidad de contar con dos pilares distintos: las ayudas directas y el desarrollo rural. Es crucial que las comunidades autónomas, conocedoras de las realidades del sector agroalimentario, continúen siendo las responsables de diseñar el segundo pilar, evitando su fusión con otros fondos que no respondan de manera eficaz a las particularidades del sector.

El PP-A también hará hincapié en la importancia de que el Gobierno central exija a la UE la implementación de cláusulas de salvaguarda efectivas en acuerdos con terceros bloques, destinadas a proteger al sector de la competencia desleal.

Adicionalmente, el partido propondrá que se asignen recursos financieros específicos dentro del presupuesto europeo para la modernización de las explotaciones, la optimización del uso del agua, la digitalización y la implementación de energías renovables, aprovechando la flexibilidad que ofrece el Plan Estratégico español.

En su intervención, el PP-A buscará reafirmar la PAC como un pilar esencial de la seguridad alimentaria y de la autonomía estratégica de la UE, enfatizando su importancia y capacidad para actuar como un contrapeso ante las crisis económicas.

Por último, también se instará al Gobierno a exigir en la UE el desarrollo de una sólida política europea del agua, que contemple la asignación de significativos fondos adicionales destinados a la construcción de infraestructuras hidráulicas. Esto es fundamental para abordar problemáticas reales como la escasez de agua y garantizar así el desarrollo sostenible de las regiones más afectadas.