GRANADA/MADRID, 23 de septiembre. En un giro significativo en el 'caso Koldo', el magistrado Leopoldo Puente, encargado de la investigación en el Tribunal Supremo, ha decidido separar las diligencias para enfocarse específicamente en una presunta red de sobornos vinculada a la adjudicación de obras públicas. Este desarrollo incluye figuras prominentes como el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quienes se enfrentarán a la justicia junto a Koldo García, su antiguo asesor, así como al supuesto intermediario Víctor de Aldama y varios constructores, destacando a los granadinos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR).

La decisión de dividir las investigaciones responde a la necesidad de atender de forma independiente las alegaciones sobre amaños en contratos de obras y las irregularidades en la compraventa de material sanitario durante la crisis del COVID-19. De este modo, se espera profundizar en los detalles de las obras, que son objeto de una indagación aún en sus etapas iniciales.

Puente ha destacado la importancia de esclarecer las diferencias entre los proyectos impulsados en colaboración con Acciona Construcción y aquellos bajo el control de Aldama, Ábalos y García. Por su parte, Cerdán no habría tenido injerencia en estos últimos, según la declaración del instructor.

En la pieza que se abrirá, se precisa que Cerdán emitió sugerencias a Koldo sobre nombramientos clave justo después de que Ábalos asumiera su cargo. Esta acción pone de relieve el intrincado entramado de relaciones y presiones que podrían haber influido en las decisiones referidas a las obras públicas.

El magistrado observa que las indagaciones sobre la obra pública están en una fase "incipiente", contrastando con la avanzada etapa de las investigaciones sobre los contratos de suministro de material sanitario. Se ha incautado una enorme cantidad de información digital relacionada con Koldo, superando los 10 terabytes, una cifra que podría contener millones de documentos relevantes para la causa.

Entre la evidencia hallada, se han identificado ocho grabaciones que, según Puente, expresan la presunta participación de Koldo, Ábalos y Cerdán en dicho entramado delictivo. En el contexto de las obras, también se analizan los contratos relacionados con la adquisición de mascarillas durante la crisis sanitaria, que involucran a la empresa de Aldama.

Puente sugiere que Aldama, aprovechando su relación con los imputados, obtuvo acceso privilegiado a información relevante, lo que le permitió presentar ofertas competitivas para los contratos en cuestión. Además, el instructor indica que se habrían realizado entregas periódicas de efectivo a Koldo, quien se encargó de distribuir esos fondos entre Ábalos y otros colaboradores, utilizando incluso a miembros de su familia en ocasiones específicas.

El instructor también detalla que Koldo, con el consentimiento de Ábalos, utilizó su influencia para facilitar entrevistas entre Aldama y otros funcionarios públicos, lo que podría haber beneficiado a empresas involucradas en el sector. Este caso se ha complicado aún más con la publicación de una nota de prensa del Ministerio de Transportes, dirigida a favorecer los intereses de Air Europa, en la cual Ábalos colaboró estrechamente.

Más allá de estos incidentes, se menciona la posible colocación de personas en empresas estatales, derivada de la influencia del entonces ministro. La investigacion incluye agravantes sobre la obtención de beneficios económicos no justificados, que podrían haber incluido el pago irregular de alquileres vinculados a su pareja en el momento.

Puente también investiga la adquisición de propiedades a través de una estructura compleja de alquileres y contratos, que aparentemente beneficiaron tanto a Ábalos como a sus asociados. En las irregularidades durante la pandemia, se apunta que, bajo la intermediación de Koldo, se firmaron salvoconductos que permitieron la libre circulación de individuos a pesar de las restricciones, generando serias preguntas sobre el uso indebido de recursos ministeriales.