En el día de hoy, el Tribunal Constitucional de España se prepara para abordar de manera urgente la petición presentada por Juana Rivas, quien solicita la suspensión de una orden que ordena la entrega de su hijo al padre, Francesco Arcuri, en el contexto de un fallo emitido por la Corte de Apelación de Cagliari, Italia. Este proceso ha generado un debate intenso sobre los derechos de los menores y la custodia internacional.

Según informan fuentes jurídicas, los magistrados que integran la Sección Segunda del Tribunal Constitucional, liderados por José María Macías, se reunirán este martes para analizar la solicitud cautelar de Rivas, una situación que ha cobrado urgencia en el ámbito legal español.

La decisión de Rivas de llevar esta cuestión ante el TC surge tras el rechazo de la Audiencia Provincial de Granada a suspender la orden de entrega dictada por un juzgado de primer instancia en Granada, que busca ejecutar la resolución adoptada por la justicia italiana.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se estableció que la entrega del menor se llevaría a cabo entre las 10:00 y las 11:00 horas de este martes en un punto de encuentro familiar, lo que ha llevado a Rivas a realizar gestiones inmediatas ante diversos tribunales.

En el documento emitido por la Audiencia de Granada, se subraya que, en el ámbito de los procedimientos familiares, existe una "ejecutividad inmediata” de las decisiones judiciales, lo que significa que no hay espacio para suspensiones o trámites adicionales.

Los jueces argumentan que, en el contexto de la confianza mutua entre los estados europeos, ha de prevalecer el principio de que la orden de retorno no debe interpretarse como un riesgo para la seguridad del menor. De hecho, desestiman la idea de que una posible desprotección podría surgir si el niño regresa a Italia, a pesar de las alegaciones realizadas por Rivas sobre la situación legal de Arcuri en Italia.

El auto del tribunal también menciona que, aunque pueda existir un debate sobre los estándares de protección en Italia, eso no exime a la justicia española de acatar las normas europeas que rigen este tipo de asuntos. Así, se hace hincapié en la necesidad de coordinar y respetar el marco jurídico que rige la Unión Europea.

Por último, los magistrados concluyen que no hay base legal suficiente para suspender la orden, insistiendo en que el respeto a las decisiones judiciales de otros estados miembros es vital para el correcto funcionamiento del sistema judicial de la Unión Europea. Esto refuerza la idea de que la confianza entre sistemas jurídicos es fundamental para el bienestar del menor en cuestión.