El Tribunal Constitucional (TC) celebrará un nuevo Pleno para estudiar la petición de los condenados por los ERE de suspender su ingreso en prisión. José Antonio Griñán, ex presidente andaluz y condenado a 6 años de cárcel, inicialmente también había solicitado esta medida cautelar, pero ha decidido desistir de ella.

El desistimiento de Griñán se produce después de que la Audiencia de Sevilla acordara suspender su ingreso en prisión durante cinco años debido a su tratamiento contra el cáncer de próstata.

El Tribunal Constitucional rechazó previamente las medidas cautelarísimas planteadas por Griñán y los demás condenados, pero admitió a trámite sus impugnaciones.

Según fuentes jurídicas consultadas, el Pleno del Tribunal Constitucional aprobará el desistimiento de Griñán y respaldará las ponencias redactadas por la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, que proponen no conceder las medidas cautelares solicitadas por otros recurrentes.

Es importante recordar que el Tribunal Constitucional generalmente no impide el ingreso en prisión cuando la pena supera los cinco años de privación de libertad debido a su consideración como condenas "graves".

Una vez resuelto este trámite, los recursos de amparo, incluido el de Griñán, seguirán su curso en el Tribunal Constitucional, que solo deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Además de Griñán, también impugnaron la sentencia el ex presidente andaluz Manuel Chaves, condenado a 9 años de inhabilitación, así como la ex ministra socialista Magdalena Álvarez y otros nombres.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional también deberá decidir sobre los recursos presentados por el PP, Madrid, Andalucía, Cataluña e Islas Baleares contra diferentes artículos de la Ley 12/2023, relacionada con el derecho a la vivienda.

Asimismo, se pronunciará sobre el recurso del Gobierno contra la ley autonómica de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad.

Los magistrados del Tribunal Constitucional también analizarán las impugnaciones del Gobierno de Pedro Sánchez al decreto que modifica la ley murciana para la recuperación y protección del Mar Menor, y al decreto que regula el aprovechamiento de los recursos minerales de litio en Extremadura.