SEVILLA, 13 de agosto. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha lanzado un claro ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez. En caso de que no logren presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, lo que podría significar una prórroga por tercera vez consecutiva de los de 2023, España no ha dudado en sugerir que el presidente debería considerar su dimisión y convocar elecciones generales ante una situación crítica de incertidumbre.

En una entrevista reciente con Europa Press, la consejera expresó su preocupación señalando que la gobernabilidad del país está atada a los apoyos de partidos como Esquerra, Bildu y el propio Puigdemont, lo cual considera una circunstancia lamentable para España. Su afirmación subraya la dependencia del Gobierno actual de formaciones que promueven la ruptura nacional.

La incertidumbre predicha podría tener consecuencias devastadoras, según advirtió España. Si no se aprueban los PGE, se correría el riesgo de que las comunidades autónomas continúen operando sin un marco presupuestario claro, algo que ya se ha repetido en los últimos años, convirtiendo la gestión pública en un ejercicio de malabarismo.

Además, la consejera subrayó que la falta de Presupuestos representa un estancamiento crítico para la inversión estatal en Andalucía. En su opinión, mientras otras comunidades, como Cataluña, reciben millones en transferencias para proyectos clave, Andalucía sufre un desinterés evidente del Gobierno central, que no refleja en sus cifras de inversión lo que representa la región en términos de contribución al erario público.

Uno de los sectores más afectados por la ausencia de PGE, según España, es el de la Dependencia, donde el estado debería aumentar su participación hasta un 50%, tal y como estipula la ley. En su lugar, la Junta de Andalucía carga con más de dos tercios de la financiación, mientras que en otras regiones se firman convenios más favorables.

La consejera considera inadmisible que, a pesar de la falta de unos nuevos PGE, el Gobierno siga realizando transferencias a ciertas comunidades, lo que perpetúa una sensación de agravio hacia Andalucía. "La situación se hace insostenible", afirmó España, resaltando que, de no haber avances, el presidente debe reflexionar sobre su capacidad de gobernabilidad y su responsabilidad frente a los ciudadanos.

España fue contundente al afirmar que un país que carece de un presupuesto robusto está inevitablemente condenado a la parálisis. La falta de claridad en los PGE complica enormemente la planificación de los presupuestos autonómicos, lo que se traduce en ineficiencias en la gestión pública.

Para la elaboración del presupuesto andaluz para 2026, la Junta se ha visto obligada a fijar un "techo de gasto" sin contar con información clara sobre los ingresos que se esperan del Gobierno central. España hizo hincapié en la falta de comunicación por parte del Ejecutivo y la urgencia de tomar decisiones ajustadas a la realidad económica.

Con respecto al anuncio del delegado del Gobierno en Andalucía, sobre dedicación de los 28.000 millones de euros que se transfieren a la comunidad para mejorar servicios públicos, la consejera enfatizó que dicha cantidad no debe considerarse un regalo, sino el resultado de los impuestos recaudados en la región. Aún así, esa cifra representa únicamente el 50% de lo que realmente se genera en Andalucía.

España enfatizó que el incremento en las transferencias a cuenta está directamente relacionado con una mejor recaudación fiscal, enfatizando que una política de reducción de impuestos ha hecho a Andalucía más competitiva y atractiva para la inversión, lo que, a su vez, ha impulsado el crecimiento del número de contribuyentes.

Por último, la consejera instó al delegado del Gobierno a dejar de presumir de logros que, según ella, son el resultado del esfuerzo de los andaluces que contribuyen a las arcas públicas. "Es esencial que se reconozca que estamos obteniendo solo el 50% de lo que realmente generamos", concluyó España, marcando una clara necesidad de mayor reconocimiento y apoyo hacia Andalucía por parte del Gobierno central.