ALMERÍA, 16 de enero.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha establecido un plazo de diez días para que el Ayuntamiento de Carboneras, en Almería, informe sobre las gestiones que está llevando a cabo para cubrir la vacante de la secretaria, un puesto cuya ausencia ha sido invocado por el alcalde, Salvador Hernández, del partido Ciudadanos. La razón de esta petición es la suspensión de los plazos que el tribunal le impuso para que relatara sus avances en la declaración de "no urbanizable" del paraje de El Algarrobico, advirtiéndole sobre la posibilidad de enfrentar multas si se producen dilaciones que no estén justificadas.

En una providencia que ha sido consultada por Europa Press, el alto tribunal andaluz responde al pedido del alcalde y le insta a que, en un máximo de diez días, comunique información sobre el sistema de sustitución previsto para el puesto de Secretaría en el Consistorio y las gestiones necesarias para que este régimen se implemente de manera eficaz.

Hernández solicitó la paralización de los plazos establecidos por la Sala de lo Contencioso-administrativo, que lo obliga a presentar informes cada diez días sobre las medidas que están siendo tomadas para declarar como "no urbanizables" los terrenos de El Canillar y El Algarrobico, donde se encuentra el conocido hotel de Azata. Alegó que necesita contar con una secretaria para poder llevar a cabo los trámites requeridos.

El alcalde carbonero explicó en un documento firmado durante las festividades de Navidad que el puesto de secretaria está vacante desde que la persona que ocupaba el cargo en funciones dejó su puesto el 24 de diciembre, sin que hasta el momento haya sido nombrado un reemplazo.

“Una vez que se designe a la nueva secretaria, se informará a la Sala”, declaraba el alcalde en su escrito, solicitando la suspensión de los plazos, al considerar que para poder cumplir con la resolución judicial es imprescindible contar con la figura de la secretaria municipal, responsable de las funciones públicas.

Por su parte, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada ha ordenado que se envíe un oficio "urgente" al alcalde, instándole a que lleve a cabo las modificaciones necesarias en el plan general del municipio, en conformidad con las observaciones realizadas por Greenpeace y la Junta de Andalucía. Estas entidades habían presentado objeciones al informe técnico que el Ayuntamiento envió el pasado mes de agosto, señalando que ya había cumplido con dicho trámite.

En su resolución, la magistrada María del Mar Jiménez Morera exigió al alcalde que proporcionara información “cada diez días” sobre las acciones efectuadas en cumplimiento de los cambios ordenados, que tienen como objetivo declarar los sectores ST-1 y ST-2 como no urbanizables.

Además, la magistrada advirtió a Hernández que "si se detectan dilaciones no justificadas", se podrían imponer "multas coercitivas" y, en casos extremos, remitir el asunto a las autoridades judiciales para que se determine cualquier tipo de responsabilidad penal a su cargo.

El tribunal ya ha advertido en varias ocasiones a Hernández sobre la posibilidad de multas personales y de presentar el caso ante la Fiscalía, si no se toman las medidas adecuadas para la declaración de no urbanizables de ambos parajes, conforme a las sentencias previamente dictadas, aunque hasta el momento no se ha llegado a tomar dicha decisión.

En esta ocasión, el tribunal ha realizado puntualizaciones específicas sobre los requerimientos de ordenamiento territorial que fueron destacados por los organismos ecologistas y el Gobierno andaluz. Entre estos requerimientos se incluye la eliminación de la clasificación de 'El Canillar' como suelo urbanizable vigente, así como varias menciones relacionadas.

Asimismo, se destaca la importancia de la “publicación” de la normativa urbanística “corregida” conforme a la ejecución de la sentencia. Esta es una de las demandas centrales de los solicitantes, especialmente dado que el Ayuntamiento solo se ha limitado a incluir el contenido de la sentencia en los instrumentos técnicos de planificación, sin dar la publicidad correspondiente a los cambios en los boletines oficiales, lo que resulta fundamental para asegurar la transparencia de los procesos administrativos.