SEVILLA, 20 de octubre. En una reciente rueda de prensa, Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), expresó su firme oposición a la reforma del despido improcedente que el Gobierno ha comenzado a discutir. Según González de Lara, el proceso ha sido caótico y improvisado, ya que no han recibido información oficial ni convocatorias adecuadas para abordar el tema con seriedad.

El dirigente empresarial hizo un llamado claro: “Primero, necesitamos ser convocados y ser informados sobre qué medidas se piensan implementar. Solo después podremos emitir nuestra opinión sobre el asunto”. Estas declaraciones llegaron tras su reunión con Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía.

González de Lara argumentó que el enfoque del debate debería ir más allá del despido, sugiriendo que es fundamental centrarse en temas más relevantes, como el aumento de la productividad y la mejora del bienestar laboral de los trabajadores. “Hay muchos temas que verdaderamente merecen nuestra atención”, afirmó, haciendo un énfasis en la importancia de abordar las preocupaciones reales del sector.

El presidente de la CEA advirtió que la reforma prevista podría tener un impacto negativo en la legislación laboral, restando flexibilidad y competitividad a las empresas. Según su opinión, cualquier medida que disminuya la capacidad competitiva de las empresas no es apropiada y podría llevar a consecuencias desfavorables en el entorno laboral.

Cabe recordar que esta reforma está alineada con el plan del Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, y surge en respuesta a las críticas del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que ha indicado a España por violaciones en la indemnización por despido improcedente, aconsejando que la cantidad actualmente estipulada (33 días por año trabajado) no es suficiente para ejercer un efecto disuasorio sobre los empleadores.

Las resoluciones del CEDS, emitidas en julio y junio de 2024, respaldaron las denuncias presentadas por los sindicatos UGT y CCOO, quienes argumentaban que España no está cumpliendo con las normativas de la Carta Social Europea respecto a la protección de los trabajadores ante despidos injustificados.

El Comité, en unánime acuerdo, confirmó que el país está infringiendo varias disposiciones de la Carta, en particular aquellas que afectan a la indemnización y la readmisión de trabajadores despedidos. Esta situación ha impulsado a los sindicatos a solicitar urgencia en la convocatoria de la mesa de negociación para reformar la ley a fin de garantizar que las indemnizaciones sean realmente efectivas y contemplen las circunstancias personales de cada trabajador afectado.