Empresarios de hostelería y estética arrestados en Granada por explotación laboral de 15 trabajadores extranjeros.

Empresarios de hostelería y estética arrestados en Granada por explotación laboral de 15 trabajadores extranjeros.

Granada, 3 de enero.

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han detenido a cuatro empresarios de diferentes nacionalidades -marroquí, sirio y vietnamita- por presuntamente contratar de manera reiterada a trabajadores extranjeros sin permiso de residencia o sin estar amparados por las excepciones establecidas para solicitantes de protección internacional.

Según informó el Cuerpo Nacional de Policía en un comunicado, dos de los negocios propiedad de los detenidos se dedican a la hostelería y la restauración, mientras que el tercero está relacionado con la estética. Estos establecimientos se encuentran situados en Granada y el municipio de Armilla.

La investigación se inició después de que la Policía Nacional y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social llevaran a cabo hasta cinco inspecciones laborales entre noviembre del año pasado y septiembre de este año en tres centros de trabajo supuestamente regentados por uno de los empresarios investigados, de origen marroquí.

Durante estas inspecciones, se identificó a trabajadores que no tenían la autorización necesaria para residir y trabajar en el país. Además, el empresario tampoco se presentó al trámite de audiencia administrativa ni abonó las sanciones impuestas por las infracciones graves en materia laboral.

Después de estas inspecciones, los agentes de la Policía Nacional realizaron varias comprobaciones consecutivas en los tres establecimientos ubicados en Granada y Armilla. En todas ellas se identificaron a 15 trabajadores de nacionalidades venezolana, colombiana y vietnamita que carecían de autorización de residencia y trabajo. Muchos de ellos eran potenciales solicitantes de protección internacional.

Estas personas fueron identificadas mientras realizaban trabajos como camareros, cocineros y manicuristas, incumpliendo la legislación laboral. Además, varios empleados españoles también fueron identificados, pero no estaban registrados en la Seguridad Social.

Las comprobaciones policiales demostraron que las licencias municipales de los negocios inspeccionados estaban a nombre de personas distintas a los presuntos titulares. Sin embargo, los verdaderos propietarios de estas licencias seguían siéndolo, aunque intentaban evadir sus responsabilidades administrativas y laborales mediante una supuesta cesión contractual privada a las personas que estaban presentes en los locales durante las inspecciones. Es importante destacar que la fecha de esta cesión siempre era anterior a las inspecciones laborales realizadas.

Los empleados señalaron que estas otras personas eran quienes los contrataban y les pagaban salarios por debajo de los convenios correspondientes, o quienes recogían las ganancias diarias.

Con este comportamiento delictivo, los empresarios investigados obtuvieron un beneficio directo al no pagar las cotizaciones de seguridad social de sus trabajadores. Además, causaron perjuicios fiscales al no contribuir con los pagos del IRPF y otros impuestos indirectos derivados de realizar actividades en la economía sumergida. Estas conductas constituyen un delito contra los derechos de los trabajadores y tienen implicaciones penales.

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Andalucía