Con fecha del 7 de octubre, desde Madrid y Sevilla, el Ministerio de Sanidad ha dado a conocer su informe de evaluación acerca de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el marco del sistema sanitario español para el periodo 2015-2024. Este análisis pone de manifiesto que en Andalucía, únicamente el 0,2% de los abortos se realizan en instalaciones públicas, lo que plantea preocupaciones sobre el acceso a esta prestación en la región.

Por otro lado, las cifras muestran un panorama más alentador en otras comunidades autónomas. Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%), Navarra (74,8%) y Cataluña (55,1%) destacan por tener más del 50% de los abortos llevados a cabo en centros del sistema público. Esto contrasta significativamente con el bajo porcentaje observado en Andalucía.

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación del informe, hizo hincapié en la importancia de que el aborto se realice en la sanidad pública. Subrayó que este hecho no solo es fundamental para evitar que las comunidades gasten dinero en clínicas privadas, sino que también es un derecho que debe estar disponible para todas las mujeres, garantizando su libertad de elección en momentos cruciales.

Analizando la situación en otras comunidades autónomas, se observa que Baleares registra un 45,4%, Canarias un 28,6%, Castilla y León un 15,5%, Comunidad Valenciana un 10%, País Vasco un 4,3%, Asturias un 3%, Aragón un 2,3%, y dan cifras mínimas Madrid (0,5%), Andalucía (0,2%), Castilla-La Mancha (0,1%) seguido de Extremadura y las plazas de Ceuta y Melilla que reportan 0%. Esta disparidad en el acceso resalta la necesidad de abordar estas barreras de forma urgente.

De hecho, el estudio revela que el 80% de los abortos en España se efectúan en clínicas privadas, y solo un cambio significativo en la gestión de las comunidades menos avanzadas podría marcar un antes y un después en el acceso a este servicio. Las comunidades que se encuentran rezagadas contribuyen a que el 40% de los abortos en el país se realice en solo dos regiones, lo que refuerza la necesidad de unificar los esfuerzos para mejorar la situación.

Durante el año 2024, se registraron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, de las cuales solo 22.563 (21,25%) se realizaron en centros públicos, mientras que una abrumadora mayoría de 83.609 (78,75%) tuvo lugar en el sector privado. Este aumento respecto al 14,3% de 2019 marca un aumento sustancial en la utilización de la red pública, aunque sigue distante de ser equitativa.

En las comunidades con una mayor cantidad de IVE en centros públicos, como Cantabria y Navarra, se observa un predominio del método farmacológico, más accesible y logísticamente práctico. En contraste, Andalucía y Madrid presentan un alto uso del método quirúrgico, lo que pone en evidencia no solo la falta de acceso a distintos métodos, sino también cómo estas diferencias pueden afectar la experiencia de las mujeres que buscan estos servicios.

El informe advierte que la falta de integración del aborto en la sanidad pública no solo invisibiliza el proceso, sino que también fomenta un estigma social, además de limitar el acceso y los derechos de las mujeres. Esta realidad evidencia la fragmentación en la atención, donde muchas mujeres se ven forzadas a abandonar su red de atención habitual para acceder a este servicio, complicando aún más el proceso, especialmente en casos de salud delicada.

Finalmente, el informe destaca una contradicción evidente: aunque muchas mujeres reciben información sobre la IVE en centros públicos, la gran mayoría de los procedimientos se llevan a cabo en clínicas privadas. García afirmó que la centralización podría asegurar protocolos más consistentes, a la vez que reconocía que la descentralización podría aproximar los servicios a aquellas que los necesitan.

El desafío actual, según la ministra, radica en eliminar las incoherencias y asegurar que el Sistema Nacional de Salud sea capaz de ofrecer respuestas inclusivas y justas en cuestiones de salud sexual y reproductiva. Las mejores prácticas existen, y es esencial gestionarlas adecuadamente a través de una serie de recomendaciones, como la implementación de registros de objetores y la formación de equipos no objetores en la sanidad pública.

A través de la creación de protocolos estandarizados, se busca normalizar la IVE como un servicio más del sistema, propiciando el uso del método farmacológico por su efectividad y facilidad de implementación. Este enfoque, siguiendo ejemplos exitosos de distintas comunidades, es una medida prometedora para avanzar hacia un acceso equitativo y justo para todas las mujeres en el país.

Concluyendo, la ministra García hizo un llamado a trabajar en conjunto para garantizar que aquellas comunidades que se encuentran detrás en cuanto a la prestación de estos servicios puedan avanzar y cumplir con la legislación vigente, asegurando así que cada mujer tenga acceso al derecho fundamental de decidir sobre su propio cuerpo.