27 de mayo, Sevilla. En un intento por despejar las dudas sobre la situación de Jorge Paradela, actual consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Heineken España ha emitido un comunicado aclarando que el ex-empleado de la compañía no posee poderes desde 2018. Esta declaración surge tras las preocupaciones planteadas por el PSOE-A sobre potenciales incompatibilidades en su cargo, al haberse listado erróneamente como apoderado de la empresa hasta hace poco.

El portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha instado a Paradela a ofrecer explicaciones, ya que, según sus palabras, hasta mediados de marzo de este año, se le consideraba apoderado de una importante multinacional. Jiménez enfatizó que su enfoque no era sobre la figura personal de Paradela, sino sobre las implicaciones que esto podría tener en la esfera pública, instando a la Junta a dar claridad sobre la situación.

Heineken, en su comunicado, atribuyó la confusión a un "error administrativo" en el Registro Mercantil de Sevilla, que no había reflejado debidamente la revocación de los poderes de Paradela, aunque la compañía enfatizó que desde 2018 no ha tenido autoridad para actuar en su nombre. Este comunicado también subraya que el consejero nunca pudo ejercer ningún poder de manera individual, puesto que las decisiones en la empresa requieren la firma conjunta de al menos dos apoderados.

La empresa ha señalado que este desliz administrativo resultó desconocido tanto para ella como para Paradela, y lamentó cualquier inconveniente que esto haya podido causar al consejero. En respuesta a esta situación, Carolina España, la portavoz del Gobierno andaluz, se refirió a la aclaración de Heineken, afirmando que Paradela había indicado a sus compañeros de gabinete la existencia de un error en el Registro Mercantil.

España explicó que, tras la finalización de la relación laboral de Paradela con Heineken en 2021, todos sus poderes fueron efectivamente revocados y que la compañía contaba con la documentación notarial pertinente para demostrarlo. De este modo, afirmó que la responsabilidad del malentendido recae en el registro y no en el consejero.