SEVILLA – 7 de octubre. La coalición Izquierda Unida ha presentado formalmente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, denunciando los “graves errores” en el programa de cribado del cáncer de mama dentro del sistema de salud público andaluz. En este documento, la formación política señala como potencialmente responsables a los tres últimos consejeros de Salud de la Junta de Andalucía: Rocío Hernández, que ocupa el cargo en la actualidad, Catalina García –actual consejera de Sostenibilidad de Medio Ambiente– y Jesús Aguirre, que es el presidente del Parlamento autonómico.

La denuncia, fechada el 6 de octubre y divulgada a los medios por Izquierda Unida, pone de manifiesto que los acontecimientos relatados implican “indicios claros de la posible comisión de varios delitos”, entre los que se encuentran: “homicidio imprudente por omisión”, “lesiones imprudentes por omisión” y “omisión del deber de ofrecer servicios sanitarios”.

Respecto al primer delito mencionado, la denuncia sostiene que un “fallo sistémico en la gestión sanitaria” ha conducido a que no se realice un seguimiento adecuado a los casos considerados “no concluyentes” o “dudosos” en el programa de detección del cáncer de mama.

Además, organizaciones como Amama, que agrupa a mujeres afectadas por esta enfermedad, han señalado que la falta de diagnóstico temprano ha llevado a que el cáncer de mama avance, en algunos casos resultando en el fallecimiento de pacientes. “La detección temprana es esencial, ya que un diagnóstico oportuno mejora significativamente las tasas de supervivencia, permitiendo tratamientos más eficaces. La adecuada gestión del programa de cribado depende directamente de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía”, se señala en el documento.

La denuncia también subraya que cualquier retraso u omisión en la revisión de resultados no concluyentes constituye una falta de responsabilidad en la administración pública. “Si alguna mujer que se sometió al cribado y recibió un resultado dudoso acaba falleciendo por cáncer de mama, estaremos ante un caso de homicidio imprudente, tal como lo establece el artículo 142 del Código Penal en relación con el artículo 11, dado que hay una acción por omisión y una clara relación de causa y efecto entre la inacción y el daño causado”, remarca el documento.

En lo que respecta al posible delito de “lesiones imprudentes en comisión por omisión”, la denuncia indica que la falta de acción ha expuesto a las mujeres a un “riesgo significativo para su salud”. El retraso en la detección de lesiones malignas que podrían haberse tratado de manera menos invasiva y con mejores pronósticos ha sido documentado por la asociación Amama y otras organizaciones de pacientes, quienes afirman que estos retrasos han llevado a que algunas mujeres desarrollen formas más avanzadas de la enfermedad, lo que implica tratamientos mucho más prolongados e invasivos, causando un daño físico y psicológico considerable.

Además, se observa que, dado que el programa de cribado está bajo la responsabilidad de la Consejería de Salud y Consumo, la falta de diligencia en el seguimiento de resultados no concluyentes representa un grave incumplimiento del deber de cuidado que se exige a las autoridades sanitarias. Como resultado, cualquier deterioro de la salud de las pacientes derivado de esta inacción podría constituir un delito de lesiones imprudentes por omisión, conforme a lo establecido en el artículo 152 del Código Penal.

La acusación también presenta el delito de “omisión del deber de prestar servicios sanitarios”, subrayando que esta falta de atención ha generado un riesgo tangible para la salud de las mujeres afectadas, retrasando la detección de lesiones malignas y disminuyendo la eficacia del tratamiento. La denuncia cita el artículo 196 del Código Penal, que sanciona la inacción de los responsables de la salud pública en situaciones donde existe un grave riesgo para la vida o integridad física de las personas.

La denuncia concluye que el retraso en la revisión de mamografías no concluyentes y la falta de comunicación adecuada con las pacientes constituyen un fracaso en el deber de atención sanitaria y podrían acarrear serias consecuencias legales para la Consejería de Salud.

Izquierda Unida enfatiza que los eventos expuestos reflejan no solo un fallo grave en la gestión sanitaria, sino que también erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones sanitarias públicas, lo que podría dar lugar a responsabilidades administrativas y penales para aquellos al mando en la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud.

La presidenta de la asociación Amama ha afirmado haber “alertado de los fallos en la gestión del programa a los dos anteriores consejeros de Salud”, es decir, Catalina García y Jesús Aguirre.

En relación a la presentación de la denuncia, el coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, expresó que “el escándalo relacionado con las mamografías tiene a Andalucía en un estado de incertidumbre” porque hay “miles de mujeres sin saber si tienen cáncer”.

Valero criticó duramente la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, acusándolo de “maltratar” la sanidad pública, mientras favorece a clínicas privadas. “La forma en que se gestiona la sanidad bajo su mandato es alarmante y ha cruzado las líneas que no debieron ser traspasadas. Por eso hemos instado a la Fiscalía a investigar los posibles delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes y omisión del deber de prestar servicios sanitarios”, concluyó.

Según Valero, “la gestión actual no proporciona la seguridad necesaria a quienes buscan atención en el sistema de salud”: “Como hemos denunciado en múltiples ocasiones, la forma en que el Partido Popular dirige la sanidad está costando vidas”.