GRANADA, 30 de octubre. Juana Rivas se presentó nuevamente ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada este jueves, donde fue interrogada como investigada por la supuesta sustracción de menores. Este caso no es nuevo para ella, ya que en 2018 recibió una condena por el mismo motivo, aunque posteriormente fue indultada por el Gobierno.

Al salir del juzgado, tras aproximadamente 40 minutos de declaración ante la jueza, Rivas manifestó a los medios de comunicación que su situación y la de su entorno es desgarradora. Según su equipo legal, siente que casi una década de batallas legales la ha llevado de nuevo a un punto de partida complicado.

Rodeada por una multitud de periodistas, Rivas, visiblemente afectada, solicitó "ayuda para poner fin a este circo". Su intervención subrayó su determinación de continuar luchando: "No tengo más opción que seguir adelante, siempre defenderé a mi hijo Daniel", declaró con firmeza.

Este nuevo enfrentamiento legal se origina a raíz de una denuncia interpuesta por su expareja, Francesco Arcuri, quien señala que su hijo menor, de 11 años, no regresó a Italia tras pasar las vacaciones navideñas con Rivas en Maracena, Granada. La situación escaló cuando, un día antes de la fecha fijada para el regreso, el equipo legal de Rivas solicitó medidas cautelares, argumentando que el menor se encontraba en "grave riesgo" debido a que su padre enfrenta acusaciones por maltrato en Italia.

El abogado de Rivas, Carlos Aránguez, comunicó a la prensa que en la audiencia se expusieron "múltiples evidencias de presuntos malos tratos", incluyendo fotografías, partes médicos y grabaciones que demostrarían que no hubo sustracción de menores, sino una acción orientada a proteger a un niño vulnerable.

Aránguez expresó su preocupación por el estado actual de Juana y Daniel, quienes, según él, siguen atrapados en un complicado entramado judicial que se arrastra desde 2016, y reclamó que ya es hora de que la justicia tome cartas en el asunto y priorice el bienestar del menor.

Los abogados de Rivas insistieron en que, a diferencia de la primera vez que enfrentó este proceso, ahora Francesco Arcuri se encuentra en el banquillo, acusado de maltrato hacia sus hijos. Sin embargo, señalaron que Daniel solo ha tenido una oportunidad de ser escuchado por un juez en España, quien determinó que debía ser protegido en lugar de ser sometido a la custodia de su padre, una decisión que se ha visto complicada por la falta de colaboración entre los sistemas judiciales de Italia y España.

Este conflicto legal ya ha llegado al Tribunal Supremo italiano, que en 2024 falló a favor de la defensa de Rivas, aunque la corte de Cagliari desafió esa sentencia en su posterior fallo.

El abogado de Francesco Arcuri, Enrique Zambrano, enfatizó que el juzgado granadino sólo debe investigar si hubo una sustracción de menores y por qué Rivas no entregó a su hijo hasta julio. Insistió en que hubo un mandato claro de las autoridades italianas para el regreso del menor y expuso su esperanza de que la investigación concluya rápidamente, llevando a Juana Rivas a ser acusada por estas circunstancias.

Al ser cuestionado sobre el bienestar de Daniel, Zambrano afirmó que "el niño está magnífico" viviendo con su padre en Cagliari. Tras la declaración de Rivas, las partes implicadas podrán solicitar nuevas diligencias ante el juzgado, y se ha anticipado que la defensa de Rivas solicitará el archivo de la causa en breve.

Cabe recordar que Rivas ya había sido condenada por sustracción de menores anteriormente, cuando en 2016 optó por sacar a sus dos hijos de Italia sin el consentimiento paterno, buscando escapar de una situación de maltrato. Posteriormente, en 2017, estuvo un mes en paradero desconocido con los niños para protegerlos. Su pena fue reducida por el Tribunal Supremo y el Gobierno le otorgó un indulto parcial en 2021, condicionado a no cometer delitos similares en un período de cuatro años. Esto significa que un nuevo juicio podría afectar su situación actual, ya que la decisión gubernamental modificó su pena original y restringió su capacidad legal respecto a sus hijos.