Granada, 20 de diciembre.

En un giro considerable en el ámbito judicial español, el Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha decidido avanzar con el procesamiento del juez Manuel Piñar por la presunta comisión de un delito de odio. Este proceso deriva de comentarios considerados como despectivos hacia grupos de migrantes y minorías étnicas, los cuales se habrían publicado en su perfil de Facebook. Cabe destacar que el juez Piñar ha rechazado estas acusaciones durante su declaración en el juzgado.

En un auto emitido el miércoles 18 de diciembre, y al que tuvo acceso Europa Press, el tribunal ha acordado que se continúen las diligencias previas bajo el protocolo de procedimiento abreviado. Asimismo, se ha dado instrucción a la Fiscalía para que proceda a solicitar la apertura del juicio oral a través de la presentación de un escrito de acusación o, en su defecto, a través del archivo del caso si así lo estimara oportuno.

Asimismo, se trasladará la información a las acusaciones personadas, incluyendo a la Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional y al abogado Carlos Aránguez, quien ha manifestado que su despacho presentará un escrito de acusación por la supuesta comisión de un delito de odio.

La génesis de estas diligencias se sitúa en una denuncia presentada ante la Guardia Civil en el Puesto de Pinos Puente el 19 de septiembre de 2022. Esta denuncia señala los comentarios en la red social Facebook del juez ­Manuel Piñar Díaz, que, de acuerdo a lo expuesto en el auto, habrían sido emitidos con una relevancia e impacto público suficientes como para ser catalogados de funcionamiento despectivo hacia migrantes y minorías étnicas en varias fechas a lo largo de 2022.

Durante su declaración del 15 de febrero, el magistrado Manuel Piñar negó rotundamente haber sido el autor de las publicaciones en cuestión. Como consecuencia de una denuncia presentada por el abogado de Juana Rivas—quien fue condenada por el propio Piñar por sustracción de menores—el magistrado consideró que dicho proceso era parte de una supuesta ‘persecución’ hacia él.

Según informaron fuentes de Aránguez Abogados, el juez se acogió a su derecho a no declarar sobre la autoría de las publicaciones denunciadas. Por otro lado, la Audiencia de Granada, tras revisar el contenido de las publicaciones mencionadas, concluyó que algunas de estas contenían epítetos y expresiones despectivas referidas a colectivos de diversas etnias, lo que podría implicar una incitación a la discriminación o al odio si se demostrara su impacto público.

Consecuentemente, la Audiencia aceptó parcialmente el recurso de la Fiscalía, revocando la decisión del juez instructor de archivar el caso y abriendo la puerta a la práctica de pruebas necesarias que esclarecerían tanto el contenido de las publicaciones como su autoría y el nivel de proyección pública que pudieran haber tenido.

Por su parte, la Fiscalía ha solicitado una serie de diligencias investigativas que permitan verificar, entre otros aspectos, el contenido exacto de las sospechosas publicaciones en redes sociales y determinar la autenticidad de su autoría. Esta investigación está a la espera de respuestas por parte de Facebook, quien recibió los requerimientos necesarios.

En paralelo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió el pasado verano cerrar el expediente que se había abierto contra el juez Piñar al analizar si las publicaciones de su Facebook constituían una falta muy grave relativa al cumplimiento de sus deberes judiciales o una falta grave de desconsideración hacia los ciudadanos, ambos aspectos que fueron finalmente desestimados por el órgano rector del poder judicial en España.