SEVILLA, 6 de noviembre. La Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido reabrir el caso contra Manuel Huerta, director de Lazarus Technology, al anular el archivo previo de la causa dictado por el Juzgado de Instrucción número 7. Esta decisión sigue un exhaustivo análisis del informe pericial relacionado con el teléfono móvil de Miguel Carcaño, implicado en el conocido caso de Marta del Castillo.

El tribunal ha ordenado que se realicen nuevas diligencias para investigar si dicho informe fue solicitado de forma oficial por el magistrado y si está firmado por algún profesional con la titulación pertinente en Ingeniería Informática. Esta medida se toma antes de valorar si continuar con el proceso o mantener el sobreseimiento de la causa.

El recurso de apelación presentado por Pedro de la Torre, decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, fue un factor clave en esta decisión. De la Torre sostiene que Huerta actuó como perito sin la credencial adecuada y, además, habría revelado información sensible en medios de comunicación, lo que podría constituir una infracción grave.

El tribunal explicita que, aunque el caso de Marta del Castillo ha sido objeto de un intenso seguimiento mediático desde hace más de una década, esto no implica necesariamente que las revelaciones a partir de dicho informe no puedan ser consideradas como secretas. Todavía están por clarificarse aspectos importantes sobre la naturaleza del informe y el proceso seguido.

Fue el 14 de marzo cuando el Juzgado de Instrucción número 7 había decidido archivar el caso, tras las acusaciones presentadas por el decano sobre Huerta, que incluían intrusismo profesional y revelación de secretos, entre otros. El juzgado hizo hincapié en algo llamativo: que De la Torre se dirigió inicialmente al juzgado encargado de la búsqueda del cuerpo de Marta sin haber presentado una denuncia formal contra Huerta.

El juzgado también ha dejado claro que la pericia solicitada se centró exclusivamente en la localización del cuerpo de la víctima, y no puede utilizarse para reabrir investigaciones sobre otros aspectos del caso ya juzgados. Esto limita significativamente el alcance del análisis en curso.

Desde el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía se ha señalado que la intervención de Huerta en este proceso no debería haber tenido lugar, ya que no posee la titulación oficial necesaria. Aseguran que Huerta, al dar a conocer detalles en televisión, vulneró la privacidad del propietario del teléfono excavado y de otros involucrados.

Además, el Colegio ha subrayado que la intervención de Huerta no trajo ningún avance significativo en la búsqueda de Marta, y que sus acciones han generado expectativas erróneas en la familia, derivando en esfuerzos judiciales y económicos infructuosos.

La respuesta de Lazarus Technology sostiene que la legislación actual no exige una titulación oficial para la actividad realizada, ya que la informática no está regulada de la misma manera que otras profesiones. Defienden la trayectoria de Huerta, quien aunque no cuenta con una titulación tradicional, tiene un máster en Harvard y ha sido reconocido por su colaboración en casos de investigación, sugiriendo que su experiencia es suficiente para validar su trabajo como perito.

El juzgado también ha señalado que, respecto al supuesto delito de revelación de secretos, no se puede calificar de secreto lo que ha sido ampliamente discutido en el dominio público. Por lo tanto, el trasfondo del caso parece no justificar penalizaciones por divulgación de información ya accesible.

Asimismo, en cuanto al intrusismo profesional, la sentencia recalca que no hay evidencia de que Huerta formalizara documentación en calidad de ingeniero, lo que complica las acusaciones en su contra. El juez ha observado que ambas partes parecen atrapadas en una contienda legal por clarificar sus respectivas posiciones profesionales, lo que ha llevado a archivar la denuncia contra Huerta de manera temporal.