En la jornada de hoy, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha rechazado de manera contundente las acusaciones de "fraude de ley" en las contrataciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) empleando el procedimiento de emergencia durante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Hernández ha afirmado con firmeza que es completamente falso que se haya dado tal situación.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, la titular andaluza de Salud ha reiterado su postura en múltiples ocasiones al responder a las interrogantes planteadas por el diputado del Grupo Socialista Rafael Márquez sobre las políticas de contratación del SAS.

El diputado socialista ha mencionado la decisión del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla de admitir a trámite la denuncia presentada por el PSOE-A contra el Gobierno de la Junta de Andalucía por supuesta malversación y prevaricación en la adjudicación de alrededor de 300 millones de euros a través de contratos de emergencia sanitaria. Según los socialistas, el SAS continuó utilizando este procedimiento hasta 2023, dos años después de su derogación legal.

Rafael Márquez ha calificado como "muy grave" la apreciación de indicios de delito por parte del juzgado en las contrataciones del SAS, y ha demandado una explicación clara por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la propia consejera sobre estos hechos.

En este sentido, el legislador ha instado a la consejera a elegir entre "mirar hacia otro lado" frente a las irregularidades, como ha hecho, según él, Juanma Moreno, o asumir responsabilidades y actuar de manera ética y transparente ante cualquier situación irregular.

Por su parte, la consejera ha negado categóricamente la existencia de un fraude de ley en los contratos mencionados por los socialistas, indicando que todas las acciones y contratos realizados por el Servicio Andaluz de Salud se han ajustado a la legalidad en todo momento.

Asimismo, ha desmentido rotundamente cualquier fraude de ley en la asignación de 458 millones de euros en contratos menores, explicando que se refiere a contratos hechos en las centrales de compra del SAS en varias provincias andaluzas durante el año 2021, donde se llevaron a cabo más de 295.000 contratos, representando solo un 0,19% del total de contratos.

La consejera también ha hecho hincapié en que en 2021 estábamos en plena crisis de la Covid-19, y muchos de estos contratos se utilizaron para agilizar la adquisición de vacunas contra el coronavirus.