El panorama político andaluz, centrado en cuestiones de inmigración, se ha visto sacudido por las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, representante del Partido Popular. En un reciente encuentro con la prensa, Moreno insistió en que los inmigrantes legales que incurren en delitos constituyen solo una pequeña parte de la población extranjera en España, subrayando la importancia de mantener un sentido de comunidad y respeto mutuo.

Estas declaraciones se produjeron en el contexto de una sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento, y vienen tras los polémicos comentarios de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP a nivel nacional. Feijóo sugirió que debería considerarse la posibilidad de expulsar a aquellos inmigrantes que cometan ciertos delitos, aunque no aclaró cuáles serían estos actos delictivos.

Ante esta propuesta, Moreno declaró que aquellos migrantes que se desvían del camino del respeto social están rompiendo un acuerdo tácito que establecen al llegar a Andalucía. Según su perspectiva, la gran mayoría de los inmigrantes vienen con la intención de contribuir y mejorar su calidad de vida, por lo que aquellos que eligen el camino ilegal de la delincuencia no deberían formar parte de la sociedad andaluza.

El presidente andaluz subrayó que es normal que quienes violan este pacto de convivencia deban reconsiderar su lugar en el país, reiterando que, afortunadamente, este comportamiento delictivo es más bien excepcional entre la población inmigrante. Este debate sobre la inmigración y su criminalización sigue generando controversia en la opinión pública, dejando entrever profundas divisiones sobre cómo abordar estos objetivos sociales y legales en Andalucía.