SEVILLA, 22 de mayo. En una jornada decisiva para el debate sobre energías renovables, el Parlamento andaluz ha optado por rechazar una propuesta presentada por Vox que solicitaba a la Junta la realización de estudios exhaustivos sobre el impacto económico, social y cultural de las instalaciones de energía renovable en el entorno rural, con especial énfasis en las plantas solares y los parques eólicos.

La iniciativa recibió el rechazo unánime de los otros cuatro grupos parlamentarios: PP-A, PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, quienes argumentaron la necesidad de abordar la transición energética desde una perspectiva equilibrada que considere todos los aspectos involucrados.

Entre las demandas de Vox figuraba la insistencia en que la Junta priorizara la instalación de proyectos eólicos y fotovoltaicos en áreas de baja producción agrícola, evitando así la afectación de terrenos de elevado valor productivo y paisajístico. Además, se proponía la modificación de normativas para proteger específicamente viñedos y cultivos permanentes frente a estos desarrollos.

El texto también ponía sobre la mesa la necesidad de fomentar la investigación en alternativas como la agrovoltaica y de mejorar los controles sobre autorizaciones ambientales y de construcción. Este enfoque busca defender los derechos de los propietarios sobre terrenos que pudieran ser expropiados, en el marco de un crecimiento desmedido de estas instalaciones.

Otra de las propuestas de Vox estaba centrada en exigir a la Junta una revisión del uso de la figura de "utilidad pública" en los macroproyectos de energías renovables, con el fin de evitar su aplicación indiscriminada para expropiar tierras agrícolas y así preservar el derecho a la propiedad privada y el bienestar de los agricultores.

Además, se solicitó que la Junta, dentro de sus competencias, fomentara la búsqueda de la soberanía energética promocionando el desarrollo de fuentes de energía nuclear y otras alternativas que aseguren un suministro limpio, accesible y confiable.

Defendiendo su propuesta, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, expresó que los grandes proyectos energéticos, aunque se presentan como soluciones sostenibles, pueden generar efectos adversos en el entorno y en la calidad de vida de las comunidades, al ser impuestos sin la participación de los afectados y sin respetar la decisión de los propietarios sobre su propio patrimonio.

Gavira hizo hincapié en los paralelismos entre estas prácticas y las expropiaciones en regímenes autoritarios, advirtiendo que los derechos de propiedad y la estabilidad familiar están en riesgo por decisiones que, en su opinión, obedecen más a intereses políticos que a las necesidades reales de la población andaluza.