SEVILLA, 18 de octubre. La semana que viene, el Partido Popular Andaluz (PP-A) llevará al Pleno del Parlamento una iniciativa que busca exigir al Gobierno central la elaboración de un nuevo proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. Su objetivo es poner fin a lo que consideran una "política perjudicial" que se basa en prorrogar anualmente las cuentas estatales, lo que a su juicio, frena el desarrollo económico del país.

El PP-A argumenta que es fundamental que el Ejecutivo cumpla con su deber constitucional de presentar unos PGE que garanticen una financiación autonómica justa y adecuada para Andalucía, especialmente mientras se desarrolla un nuevo modelo de financiación. De no hacerlo, amenazan con solicitar la disolución de las cámaras y la celebración de elecciones generales, lo que podría transformar el panorama político en España.

Además, la proposición incluye una crítica directa a lo que consideran cesiones del Gobierno a los partidos independentistas, afirmando que estas maniobras tienen como único objetivo satisfacer sus intereses secesionistas. El PP-A subraya que el presidente Pedro Sánchez debe mantener una postura firme en defensa de los intereses generales del país y su Constitución, además de la integridad territorial de España.

La propuesta también aboga por un enfoque consensuado en la gestión de la política migratoria, sugiriendo que el Gobierno forme acuerdos con las comunidades autónomas para establecer un modelo que responda adecuadamente a las necesidades del estado español. El PP-A exige que esta política migratoria respete tanto las normativas nacionales como los acuerdos internacionales, especialmente aquellos derivados de la Unión Europea, con una atención particular hacia la capacidad de acogida y el control fronterizo.

Por si fuera poco, el PP-A reclama al Ejecutivo que desista de implementar iniciativas que socaven la calidad democrática del país, haciendo énfasis en la importancia de restaurar el respeto a la separación de poderes y, en particular, al poder judicial. Esto, afirman, es vital para reducir los altos niveles de corrupción política y para fomentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, así como restablecer principios esenciales como la cooperación y la lealtad institucional.

En sus fundamentos, el PP-A critica al Gobierno por utilizar la complejidad de sus alianzas para excusar el retraso en la aprobación de los PGE, señalando que llevan casi 1.000 días sin aprobar nuevos presupuestos. Este hecho, resaltan, convierte a las cuentas aprobadas desde enero de 2023 en las más prolongadas de toda la democracia española.

Por último, el partido denuncia la "falta de voluntad" del Gobierno para presentar un nuevo modelo de financiación autonómica, que está generando "enormes dificultades" para la prestación de servicios públicos y acentuando la desigualdad entre las distintas comunidades del país.