En el marco de la investigación del Senado sobre el polémico "caso Koldo", el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se presentó este jueves para abordar la asignación de 242 millones de euros a clínicas privadas bajo la administración de Juanma Moreno en Andalucía, señalando la falta de supervisión en la forma en que se gestionaron estos contratos durante la pandemia de Covid-19.

Durante su intervención, Sánchez enfatizó que los tres últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) están actualmente siendo investigados por delitos de prevaricación y malversación, en respuesta a preguntas planteadas por el senador de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta.

El presidente apuntó a que al asumir el cargo, su Gobierno encontró un sistema sanitario en crisis, debilitado por años de austeridad y políticas neoliberales que habían privado a los servicios públicos de los recursos necesarios. Según él, estas políticas habían puesto a la sanidad en manos del sector privado, comprometiendo su capacidad de respuesta ante emergencias.

Ante esta situación, el Ejecutivo de Sánchez implementó un mecanismo de emergencia para garantizar el acceso a materiales esenciales en la lucha contra el Covid-19, haciendo referencia a un Real Decreto-ley que permitía adoptar medidas urgentes en la crisis sanitaria.

Sánchez destacó que este procedimiento excepcional facilitó la contratación directa de productos y servicios sin necesidad de licitación, lo que fue crucial para proteger a los profesionales de la salud y a la población general. El mandatario recordó que esta emergencia se cerró en mayo de 2021, al comenzar la desescalada de la crisis sanitaria.

A pesar de ello, apuntó Sánchez, algunas administraciones, particularmente la Junta de Andalucía, continuaron usando este procedimiento tres años más allá de su finalización, adjudicando más de 242 millones de euros a clínicas privadas sin la adecuada fiscalización, lo cual ha derivado en que los tres últimos gerentes del SAS enfrenten investigaciones penales.

El presidente subrayó que su Gobierno actuó con urgencia ante la inédita aparición del virus, siempre dentro de los límites legales y, tras la desescalada, se puso fin a estas prácticas extraordinarias de contratación pública, asegurando que todas las adquisiciones estaban estrictamente ligadas a la emergencia sanitaria. Así concluyó su intervención, haciendo hincapié en el compromiso de su administración con la transparencia y la legalidad en la gestión de recursos públicos.