En Córdoba, el 31 de julio, un tribunal local ha tomado una decisión que ha generado un amplio debate en la sociedad sobre la protección de los derechos de los animales. El Juzgado de lo Penal número 5 ha absuelto a tres hombres acusados de haber abusado sexualmente de una gallina en marzo de 2022, a pesar de que admitieron su culpabilidad y compartieron el video de lo ocurrido en Instagram. Este fallo ha sido duramente criticado por el Partido Animalista (Pacma), que considera que sienta un precedente peligrosamente laxo y podría allanar el camino hacia la legalización de la zoofilia.

Según el informe de Pacma, la sentencia describe las acciones de uno de los acusados, quien, bajo la influencia del alcohol, introdujo su dedo en la cloaca del ave, mientras otro lo mantenía sujeta. Esta situación pone de relieve las atrocidades que se pueden perpetrar contra los animales y la necesidad urgente de un marco legal más sólido para su protección.

La acusación, representada por el Partido Animalista, presentó un informe veterinario que, aunque no examinó personalmente a la gallina, alertó sobre los posibles daños, como desgarros o incluso la muerte, que podrían haber resultado de tales conductas. Sin embargo, la Fiscalía se retiró del caso al no haber pruebas objetivas de lesiones, lo cual resultó en la absolución de los acusados. Pacma ha anunciado su intención de recurrir la sentencia, argumentando que la ausencia de un examen veterinario no debe ser un impedimento para la justicia.

Es preocupante que, a pesar de que los hechos ocurrieron antes de la reforma del Código Penal de 2023, la resolución del caso sería la misma bajo la legislación actual. La nueva normativa estipula que solo se penalizan los abusos sexuales a animales que causen daños físicos que necesiten tratamiento veterinario. De este modo, cualquier conducta que no dejara heridas visibles queda despenalizada, tipificándose como una falta menor que conlleva una multa y, en el mejor de los casos, una inhabilitación, pero nunca una pena de prisión.

Desde Pacma han expresado su profundo descontento ante un Código Penal que permite que se evadan responsabilidades por prácticas sexuales degradantes hacia los animales, siempre que no se demuestre un daño físico que requiera atención veterinaria. Alertan que esta laguna legal podría facilitar un aumento de la violencia sexual hacia los animales, ya que muchas agresiones no serán perseguidas penalmente.

El Partido Animalista ha retomado la discusión sobre la necesidad de reformar el Código Penal en relación a los abusos sexuales contra los animales. Exigen con urgencia un cambio legislativo que asegure que cualquier tipo de abuso sexual hacia los animales se considere un delito, independientemente de la prueba de lesiones físicas. Subrayan que el daño moral y psicológico que sufren los animales es suficiente para calificar estas acciones como agresiones que deben ser castigadas.