Vox pide destituir a Sánchez y Marlaska por reubicación de inmigrantes ilegales en Andalucía

En Sevilla, el Pleno del Parlamento de Andalucía se prepara para debatir una Proposición no de Ley (PNL) presentada por Vox acerca de medidas contra la inmigración ilegal. Entre los puntos que aborda, se destaca la petición de "reprobar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quienes considera responsables de ataques contra la libertad y seguridad de los ciudadanos derivados de la reubicación de inmigrantes ilegales.

La propuesta consta de 19 puntos con exigencias hacia la Administración autonómica y el Estado.

Vox demanda a la Junta de Andalucía poner fin a las políticas que incentiven la inmigración ilegal, argumentando que las falsas promesas de un futuro mejor en Europa han llevado a que miles de personas pongan en riesgo sus vidas trágicamente.

Además, solicita eliminar las subvenciones a asociaciones y organizaciones que promuevan o faciliten la inmigración ilegal y el tráfico de personas.

La propuesta también insta a suspender la cooperación al desarrollo con países que no colaboren en la gestión de flujos migratorios, como Senegal o aquellos con negociaciones de readmisión paralizadas con la Unión Europea, como Argelia o Marruecos.

Asimismo, Vox propone que el Parlamento exprese su oposición a la reubicación de inmigrantes irregulares en territorios municipales o regionales si no han solicitado protección internacional, y solicita que no se destinen partidas presupuestarias para este fin en la región.

El partido exige acabar con políticas de cooperación internacional y suspender pagos destinados a Palestina u organizaciones que operen en la región, para evitar que fondos españoles vayan a grupos terroristas como Hamás.

También pide que se tramite de manera preferente la expulsión de inmigrantes que entren ilegalmente al país y que se aclare que no podrán regularizar su situación ni recibir ayuda pública.

Otra solicitud es la elaboración de una lista de países seguros conforme a directivas comunitarias y la realización de reformas legales para evitar fraudes en procesos de extranjería o asilo, endureciendo penas contra mafias de inmigración ilegal.

La propuesta busca que se garantice la correcta transposición de directivas de retorno en España y la aplicación rigurosa de normas de acogida para solicitantes de protección internacional, excluyendo a quienes procedan de países seguros y acelerando el proceso de expulsión.

También se requiere reforzar personal para tramitar solicitudes de asilo y resolver expedientes de extranjería, gestionar la creación de ordenanzas municipales para sancionar incumplimientos con el padrón municipal y aumentar la presencia policial para garantizar seguridad en casos de reubicación de inmigrantes ilegales en la región.