GRANADA, 19 de octubre.

El próximo 29 de octubre se llevará a cabo el juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, en un caso que ha llamado la atención por la gravedad de las acusaciones. La Fiscalía ha solicitado una pena de tres años de prisión y una multa de 1.800 euros contra un empresario propietario de una fábrica de aceite, que presuntamente estafó a un agricultor. Según los cargos, el acusado expidió un pagaré sin fondos por un total de 42.727 euros, correspondiente a la cosecha de aceituna del agricultor durante la campaña 2020-21.

El agricultor, que había mantenido una relación comercial con la fábrica durante años, entregó un total de 62.404 kilos de aceitunas, pero no recibió ninguna compensación por su esfuerzo, tal como señala el informe de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press. Este documento detalla que el productor, confiando en el compromiso del empresario, fue víctima de una serie de promesas incumplidas que lo llevaron a una situación de indefensión económica.

El pagaré fue emitido con una fecha de vencimiento del 5 de julio de 2021, pero al llegar esa fecha, el agricultor se encontró con que no podía cobrar, ya que el empresario sabía que no había fondos en la cuenta vinculada. A pesar de las reiteradas conversaciones que mantuvo con el acusado, no pudo obtener el pago que le correspondía, lo que constituye un claro ejemplo de falta de ética comercial y respeto por los derechos del trabajador del campo.

La situación se tornó más complicada cuando, después de un año de espera y sin recibir el pago prometido, el empresario le entregó un documento el 5 de julio de 2022 reconociendo deberle 24.500 euros por la misma cosecha. Sin embargo, este reconocimiento parecía estar marcado por una intención de eludir la responsabilidad de pago, dejando al agricultor en una situación aún más precaria.

En un giro que pone de relieve la opacidad de la situación, el acusado ofreció un camión como forma de pago por la deuda restante. Sin embargo, cuando llegó el día acordado para recoger el vehículo, el empresario cerró la fábrica donde supuestamente se encontraba, lo que dejó al agricultor sin ninguna solución viable para recuperar lo que le pertenecía. Este caso plantea serias preguntas sobre la regulación de las prácticas empresariales y la protección de los derechos de los agricultores en la región.