SEVILLA, 18 de octubre.

En un paso significativo hacia la defensa de la salud pública, la Mesa del Parlamento de Andalucía ha decidido enviar al Consejo de Gobierno de la Junta una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca "recuperar los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía". Esta propuesta ha sido impulsada por la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía y ahora espera la respuesta del Ejecutivo regional sobre su aceptación.

Este acuerdo, fechado el pasado 1 de octubre, se ha divulgado esta semana en el boletín oficial del Parlamento andaluz, brindando visibilidad a un documento presentado por el presidente de la Junta Electoral. En él se confirma que se han cumplido las condiciones necesarias para la recogida de firmas, tal como establece la Ley 5/1988 sobre Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos.

Según el artículo 124 del Reglamento de la Cámara, es obligatorio que el Consejo de Gobierno se pronuncie sobre la ILP antes de decidir si procede su tramitación, teniendo en cuenta posibles repercusiones en el presupuesto autonómico, ya sea un incremento de los créditos o una reducción en los ingresos.

El contenido de la ILP subraya que, desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta en 2019, la sanidad pública en Andalucía ha sufrido un deterioro alarmante. Los promotores de esta iniciativa denuncian que el modelo de colaboración pública-privada, que se ha impulsado en este lapso, ha llevado a una creciente debilidad del sistema público y un aumento en la privatización de servicios sanitarios.

La acumulación de decisiones que favorecen la privatización y el aumento escandaloso de las listas de espera, tanto para diagnósticos como para procedimientos quirúrgicos, son algunos de los puntos críticos que resaltan los impulsores de la ILP. En este contexto, se busca establecer un marco legal que frene el declive del sistema de salud mediante reformas a la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía.

Las reformas propuestas incluyen un sistema de control social que permita a la ciudadanía participar en las decisiones relacionadas con la sanidad pública, además de fortalecer los recursos propios del sistema para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios de salud de manera efectiva. Asimismo, se pretende limitar el papel del sector privado en la atención sanitaria a situaciones excepcionales.

En esencia, la ILP propone modificar la ley para establecer que "el sistema sanitario público de Andalucía" deberá ser accesible a toda la población, sostenido por financiación pública, y priorizar el uso de recursos públicos en la prestación de servicios, asegurando a su vez una atención integral y de alta calidad.

La propuesta también incluye directrices para la atención primaria, estableciendo que el personal necesario debe estar disponible para atender demandantes en un plazo máximo de 48 horas. Además, se sugiere que la atención hospitalaria contemple tiempos de espera no superiores a 30 días para consultas y 60 días para intervenciones quirúrgicas.

El Consejo de Gobierno ahora deberá pronunciarse sobre esta ILP y considerar si es viable en su forma actual. Un aspecto clave de la propuesta establece que cualquier concierto con el sector privado no debería ser compatible con la recepción de subvenciones destinadas a financiar servicios vinculados a dicho concierto. La Consejería de Salud, por su parte, deberá establecer medidas de auditoría para evaluar la calidad de los servicios financiados con dinero público y administrados por entidades privadas, abarcando incluso aquellos considerados no sanitarios.