Granada y Córdoba se encuentran en una inquietante situación tras la detención de David Rodríguez y Javier Marañón, dos ciudadanos españoles que enfrentan una prisión provisional en Guinea Ecuatorial. Compañeros de trabajo de Rodríguez, exjefe técnico de la televisión municipal de Granada, se reunieron este viernes frente a las instalaciones de TG7 para exigir garantías y la liberación de ambos detenidos, quienes se desvinculan del caso de corrupción que los llevó a esta situación.

En respuesta a este caso, el Parlamento Europeo ha instado a las autoridades ecuatoguineanas a tomar "acciones inmediatas e incondicionales". A través de un pronunciamiento reciente, se ha enfatizado que la justicia en Guinea Ecuatorial carece de independencia, estando sometida al régimen de Teodoro Obiang.

Los compañeros de Rodríguez manifestaron su preocupación al señalar que "la defensa de los derechos humanos no conoce fronteras". En un manifiesto leído durante la concentración, dejaron claro que la presunción de inocencia y el acceso a una defensa justa son principios fundamentales que deben ser respetados en cualquier situación.

Además, subrayaron la "detención arbitraria" de ambos ciudadanos y demandaron medidas urgentes para resguardar su bienestar, exigiendo el levantamiento de la prisión preventiva y acceso a un juicio justo y asistencia legal. Cabe mencionar que Marañón ha iniciado una huelga de hambre como protesta por la falta de atención y sus condiciones de encarcelamiento.

Los detenidos han sido trasladados a la prisión de Playa Negra, reconocida por el padecimiento de severas violaciones a los derechos humanos. Desde mayo, sus familias no han tenido comunicación oficial acerca de su estado, y las visitas han sido suspendidas desde el 30 de mayo.

La situación ha llevado a los trabajadores de TG7 a alzar su voz en defensa de los derechos de sus colegas, pidiendo un "respetar íntegro de los derechos fundamentales de David y Javier", y solicitando a las instituciones tanto españolas como europeas que intensifiquen sus esfuerzos diplomáticos en este caso.

La reciente resolución del Parlamento Europeo condena las condiciones inaceptables de detención y los malos tratos que sufren los prisioneros en Guinea Ecuatorial. Reitera la necesidad de garantizar la salud y el bienestar de los detenidos, así como su derecho a un debido proceso y atención médica adecuada.

Los eurodiputados también señalaron la imposición del régimen sobre el poder judicial en Guinea Ecuatorial, destacando la escasez de rendición de cuentas y la persistente tortura a prisioneros. Asimismo, denunciaron la persecución sistemática a opositores políticos y las violaciones de libertad de expresión llevadas a cabo bajo el mando de Obiang desde 1979.

La resolución advierte que las detenciones arbitrarias no sólo perjudican la imagen internacional del país, sino que también pueden obstaculizar la cooperación y la inversión en la nación, instando a la Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, a que colabore con las autoridades españolas para buscar una solución a la crisis que vive David y Javier.

Por su parte, el Gobierno de Malabo ha desmentido las acusaciones de maltrato y ha justificado la detención de ambos hombres como parte de una investigación sobre un supuesto escándalo de corrupción relacionado con el despliegue de la televisión digital terrestre en el país.

Los dos andaluces fueron arrestados en enero de 2025, en el contexto de un proyecto de televisión digital que fracasó, y desde abril han sido confinados en Playa Negra, famoso por sus condiciones deplorables. Además, han enfrentado obstáculos en el acceso a asistencia consular, lo que complica aún más su situación.

La resolución europea subraya que la detención de estos ciudadanos españoles ha tensado las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial, generando preocupaciones sobre la protección de los derechos de los ciudadanos europeos en el extranjero. Se menciona que como represalia, ambos han sido aislados y se les ha prohibido el contacto con sus abogados y familiares, lo que enfatiza la gravedad de su situación.

Las preocupaciones por su salud son cada vez más alarmantes, especialmente para Javier Marañón, quien ha comenzado una huelga de hambre. Por ello, la comunidad internacional es llamada a actuar de manera urgente, pidiendo a las autoridades que aseguren el bienestar de ambos detenidos y que se les proporcione el tratamiento médico necesario.