HUELVA, 14 Abr. – Un grupo de más de diez organizaciones que forman parte de la Plataforma Salvemos Doñana, incluyendo a SEO/BirdLife, ha presentado alegaciones formales contra el proyecto de construcción de un sondeo para la inyección de gas natural en el acuífero de Doñana. Estas entidades, junto a numerosos ciudadanos preocupados, han demandado al Gobierno que actúe con coherencia y evite establecer un almacén de gas fósil en un área tan sensible como es el parque nacional.

En un comunicado, SEO/BirdLife destacó que el proyecto conocido como 'Sondeo Marismas-3NE' está vinculado a la iniciativa de almacenamiento subterráneo de gas natural 'Marismas', que se sitúa en Almonte, en la provincia de Huelva. Esta acción ha generado un gran revuelo debido a la importancia ecológica del área involucrada.

El Gobierno ha defendido que esta obra fue autorizada previamente bajo un marco relacionado con el proyecto Marismas Occidental, que recibió una declaración de impacto ambiental en 2010. Sin embargo, esto plantea serias preocupaciones, ya que la documentación técnica de esa época, que evalúa los daños potenciales al espacio protegido, sigue siendo considerada válida más de quince años después.

Desde la Plataforma Salvemos Doñana se hace un llamado a la "prudencia", argumentando que los informes que sustentan la decisión actual son claramente "obsoletos". Instan a las autoridades a prevenir nuevas amenazas a Doñana, especialmente en lo que respecta a sus aguas subterráneas, que ya están en proceso de recuperación por parte del estado.

Las alegaciones presentadas destacan que "tanto la metodología de evaluación como el conocimiento científico han evolucionado considerablemente". Hay una vasta cantidad de información nueva en áreas como la hidrogeología y la sismología que debería ser considerada antes de permitir un proyecto de tal envergadura.

Asimismo, las organizaciones subrayan el compromiso del Gobierno con la descarbonización, enfatizando que esta propuesta es "incompatible" con la Ley 7/2021 de Cambio Climático, así como con otros marcos regulatorios que promueven la sostenibilidad energética. La necesidad del proyecto en cuestión para garantizar la seguridad energética sigue siendo cuestionada, sin que se demuestre su relevancia frente a la normativa de seguridad en el almacenamiento de gas natural.

Entre las preocupaciones citadas en las alegaciones, se menciona el "perjuicio" potencial a las masas de agua subterránea de La Rocina y Almonte, ubicadas cerca del sondeo propuesto. Los impactos sobre estas aguas podrían resultar en consecuencias irreversibles tanto ecológica como económicamente, afectando a más de 3.300 agricultores que dependen de estos recursos, que ya están en un estado crítico.

La Plataforma y sus miembros han afirmado que utilizarán todos los recursos a su disposición para "defender Doñana frente a esta nueva amenaza". Han presentado alegaciones respaldadas con evidencia científica y técnica suficiente para instar a que el sondeo no sea autorizado. Ahora, esperan que los representantes políticos intervengan en el Congreso para cuestionar al Gobierno y evitar que el subsuelo de Doñana se transforme en un depósito privado de combustible fósil.

Finalmente, la Plataforma también anticipa que el Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana reciba la información adecuada. Para ello, es esencial contar con el asesoramiento de entidades científicas como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o la Estación Biológica de Doñana, con el fin de obtener una evaluación adecuada antes de cualquier decisión final.