SEVILLA, 9 de octubre. En una muestra de su descontento con la gestión del presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (PP-A), el Grupo Parlamentario Socialista ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar protección debido a la "indefensión" que experimenta ante el veto sistemático a un debate en profundidad sobre la salud pública en Andalucía. Este clamor viene de un largo reclamo del PSOE-A que, a pesar de la creciente gravedad de la situación, ha sido ignorado por Aguirre, quien sostiene que "no hay nada excepcional".

María Márquez, portavoz del Grupo Socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, hizo el anuncio durante su intervención en la sesión de control al Gobierno de Juanma Moreno. Con un tono de indignación, expresó su frustración ante la falta de atención al deterioro del sistema sanitario andaluz. Subrayó la ironía de que en un día crucial como el jueves, "no haya ni una consejera de Salud presente", en referencia a la reciente dimisión de Rocío Hernández.

La decisión de Aguirre de interrumpir una votación que ya había comenzado, la cual buscaba modificar el orden del día para que el presidente de la Junta pudiera explicar sus acciones en relación con la gestión del cáncer de mama, fue objeto de un vehemente reproche por parte de Márquez. Según la líder socialista, esta maniobra tenía como único objetivo evitar que Juanma Moreno tuviera que rendir cuentas ante la Asamblea.

Frente a este escenario, Márquez advirtió que ni Aguirre ni nadie podría silenciar a los socialistas, asegurando que llevarían su demanda hasta el Tribunal Constitucional y más allá, para que "la voz de las mujeres andaluzas" resuene en el Parlamento. Este compromiso fue presentado como una defensa de los derechos y preocupaciones de la ciudadanía andaluza, que se siente desatendida en temas cruciales.

Al responder, Juanma Moreno reconoció que el PSOE tenía derecho a presentar su recurso, pero sugirió a Márquez que hiciera lo mismo con la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Recordó que en los últimos dos años se han acumulado 37 prórrogas para tres proyectos de ley que esperan su aprobación, lo que, a su juicio, paraliza la acción política. Además, sugirió que también podrían plantear la cuestión de la falta de Presupuestos Generales del Estado, que han estado en suspenso durante dos años y siguen sin resolverse, una situación que, según él, los ciudadanos también deben tener en cuenta.