HUELVA, 11 Nov. - En un nuevo informe alarmante, WWF ha revelado que aún persisten más de 1.100 hectáreas en la Corona Forestal de Doñana que son objeto de riego ilegal. La organización ecologista critica que las autoridades no están haciendo lo suficiente para abordar esta situación, argumentando que el problema trasciende la cuestión del agua: "Estas fincas no solo implican un uso excesivo del recurso hídrico, representando hasta seis hectómetros cúbicos, sino que también son responsables de crear desventajas competitivas en el mercado. Estimamos que unas 30.000 toneladas de frutos rojos provenientes de estas tierras están siendo comercializadas", afirman.

Estas informaciones se desprenden de los hallazgos anuales que la ONG presenta sobre las operaciones de riego ilegal. Este lunes, Felipe Fuentelsaz, responsable de Proyectos de Aguas y Agricultura de WWF España, junto a Juanjo Carmona, coordinador para Doñana, analizaron datos obtenidos a partir de imágenes satelitales y observaciones detalladas.

De acuerdo con el estudio presentado, WWF denuncia que, a pesar de las regulaciones, todavía hay 1.180,2 hectáreas que reciben riego fuera de la Superficie Agrícola Regable (SAR), definida por el Plan Especial de la Corona Forestal. Este plan incluye tierras que deberían permanecer en secano o forestales, pero que están siendo transformadas en regadíos, lo que genera preocupación tanto por las prácticas ilegales como por el impacto ambiental si se considera que también hay parcelas de otros municipios cercanos a Doñana que quedan fuera de dichas regulaciones.

Los responsables de WWF subrayan que la tecnología actual permite monitorear estas situaciones con una rapidez sorprendente. "La información se actualiza casi en tiempo real cada cinco días, y actualmente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) tiene acceso a esta herramienta desde que se implementó en septiembre", indica Fuentelsaz.

Por su parte, Carmona enfatiza que las administraciones también cuentan con herramientas modernas, tales como satélites y drones, para identificar las ilegalidades actuales, sugiriendo que es esencial que se tomen medidas de manera inmediata.

"La situación es insostenible: el acuífero ya está sobreexplotado, una realidad que se declaró hace cuatro años. Desde hace tres años, no hay un plan de extracción obligatorio. Con un índice de sobreexplotación del 109%, estamos en un punto crítico. Llamamos a las autoridades a actuar sin demora, ya que las multas pueden disuadir, pero no son suficientes para parar la pérdida de agua ni para combatir la competencia desleal que se está generando", advierte Carmona.

Analizando más a fondo, Fuentelsaz revela que aproximadamente el 80% de las áreas en cuestión están dedicadas a cultivos de frutos rojos ilegales, generando una fiebre productiva que, si no se actúa, podría inundar los mercados europeos con 30.000 toneladas de fresas y otros frutos rojos que, de continuar sin control, comenzarían a comercializarse desde diciembre.

Esto no solo se trata de un uso irresponsable del agua, sino que también coloca a los agricultores legales en una desventaja significativa. "La lucha en el mercado se complica cada vez más debido a estas prácticas, sumando dificultades en la fijación de precios y en la obtención de mano de obra. Sin embargo, continuamos viendo hectáreas dedicadas a cultivos ilegales”, remarca Fuentelsaz.

Asimismo, se estima que el volumen de agua extraída de forma ilegal asciende a 6 millones de metros cúbicos, lo que equivale al llenado de aproximadamente 2.400 piscinas olímpicas, un derroche que desafía la lógica en un área donde el agua es más que un recurso: es vital.

En cuanto a la tendencia, Fuentelsaz informa que, aunque la superficie de cultivo ilegal en Doñana ha experimentado una ligera reducción respecto al año anterior, la cifra aún sigue por encima de mil hectáreas. "Aunque las denuncias han logrado que se reduzcan 166 hectáreas, aún seguimos por encima de los 1.000. Es evidente que la respuesta a esta situación debe ser seria y contundente; con este ritmo, podrían pasar entre ocho y diez años hasta que logremos eliminar por completo esta ilegalidad", señala.

A pesar de algunas progresos, Fuentelsaz critica que el esfuerzo es mínimo. "Es necesario que las acciones coordinadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Seprona y la Fiscalía se activen de manera más diligente. Me preocupa que la Junta no esté alineada con el mismo rigor, a pesar de contar con las herramientas y datos necesarios", añade.

La organización también exige a la Junta de Andalucía y a la CHG que tomen acciones inmediatas en la Cuenca del Tinto-Odiel-Piedras, implementando medidas drásticas como el cierre de pozos y la incautación de hectáreas cultivadas ilegalmente para poder proteger el acuífero y frenar la llegada de productos ilegales a los mercados.

"Es crucial disminuir la extracción de agua de un acuífero que sigue en declive y que, a pesar de las advertencias de riesgo, no cuenta con un programa de actuación suficiente. Actuar contundentemente ahora es la única manera de evitar que esta producción ilegal inunde los mercados y continúe dañando nuestro entorno", concluyen con urgencia desde WWF.