Granada, 8 de octubre. El sistema judicial español sigue enfrentando un complejo caso que involucra a Juana Rivas y su expareja, Francesco Arcuri. En una sesión por videoconferencia desde Italia, Arcuri ratificó la denuncia presentada contra Rivas, quien enfrenta acusaciones por la supuesta retención ilícita de su hijo menor, un asunto que ha captado la atención mediática y social en los últimos meses.

Durante la videoaudiencia, el juez instó a ambas partes a mantener la discreción, buscando limitar la difusión de información sensible mientras se desarrolla la investigación. Así lo confirmó el abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, en declaraciones a Europa Press.

La situación se remonta a una providencia del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que convocó a Rivas a declarar como investigada el 30 de octubre. El procedimiento sufrió un aplazamiento, y aunque la citación original para Arcuri estaba programada para el 22 de septiembre, esta fue trasladada a la fecha actual debido a complicaciones con la representación legal del denunciante.

Curiosamente, el mismo Juzgado había previamente considerado las acusaciones no delictivas, lo que llevó a la defensa de Arcuri a apelar dicha decisión. En respuesta, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada decidió revisar el caso, reconociendo la validez de una parte del recurso de Arcuri, quien sostiene que la situación de su hijo requiere atención urgente.

En enero, el tribunal decidió suspender de forma provisional el regreso del menor a Italia, después de que el niño supuestamente relatara episodios de violencia por parte de su padre, lo que generó preocupación sobre su bienestar. Finalmente, su regreso a Italia se llevó a cabo el 25 de julio, tras un intento fallido anterior de reunificación familiar.

La Audiencia de Granada informó en marzo que el caso del menor fue enviado a las autoridades de Cagliari para continuar la indagación sobre las acusaciones de maltrato. Se espera que una audiencia sobre este asunto se realice el 23 de octubre, tras el retraso de la cita debido a cuestiones procesales planteadas por Arcuri.

La historia judicial de Juana Rivas no es nueva; en 2021, el Tribunal Supremo confirmaba su condena por sustracción de menores, reduciendo su pena original de cinco años a dos años y seis meses, considerando que se trataba de un solo delito. Posteriormente, un indulto le permitió una disminución adicional en su condena, realizando trabajos comunitarios en lugar de cumplir una larga sentencia de cárcel.

Este martes, los representantes legales de Rivas anunciaron su intención de solicitar la declaración del menor en el nuevo proceso en su contra, argumentando que se trata de una acusación grave que podría representar una oportunidad para que ella y sus hijos finalmente encuentren una salida a la complicada situación legal que les rodea.