El líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha expresado su opinión sobre la absolución penal que el Tribunal Constitucional está proporcionando a ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. A pesar de esta absolución, Maíllo ha destacado que esto no borra la mala gestión que, en su opinión, se llevó a cabo en la Consejería de Empleo durante la administración socialista anterior.

Maíllo ha hecho estas declaraciones en Madrid, donde ha señalado que Izquierda Unida siempre ha destacado la existencia de responsabilidades políticas en este caso, posición que mantienen desde hace doce años, cuando participaron en la comisión de investigación en el Parlamento andaluz.

El coordinador de IU ha enfatizado que el Tribunal Constitucional no actúa como un tribunal de justicia tradicional, sino que se encarga de garantizar los derechos constitucionales básicos de las personas condenadas por la justicia. Por lo tanto, Maíllo considera que la valoración política debe ser realizada por los partidos políticos, en un terreno separado al de las decisiones judiciales.

Ante la postura del Partido Popular de vincular las responsabilidades políticas a las penales en este caso, Maíllo ha subrayado que el debate principal es que las decisiones políticas no deben depender exclusivamente de las resoluciones judiciales, ya que ambos ámbitos son distintos y no se pueden equiparar.

En relación a la absolución penal en este caso, el líder de IU ha dejado claro que no implica una absolución política de la mala gestión en la Consejería de Empleo. Además, Maíllo ha denunciado el uso indebido del concepto de "lawfare" al vincular el cumplimiento de una ley parlamentaria con un presunto delito.

Maíllo ha criticado al PP por simplificar y generalizar en este caso, sin tener en cuenta los matices y las circunstancias específicas. Según él, esta falta de análisis detallado puede resultar contraproducente y alejarse de la realidad de las situaciones políticas y judiciales.

Por último, el representante de Izquierda Unida ha afirmado que la decisión del Tribunal Constitucional no exime de las deficiencias políticas en el caso de los ERE y en la gestión de la Consejería de Empleo. La absolución penal no implica una limpieza total de las responsabilidades políticas implicadas en este escándalo.