Granada, 7 de octubre. En un caso que ha captado la atención del público, un subinspector de la Policía Local de Granada se presentará ante el Juzgado de lo Penal número 5 el próximo 8 de octubre a las 11:30 horas. Este agente se enfrenta a una posible condena de casi siete años de prisión por la supuesta comisión de múltiples delitos de violencia de género, tras no haber llegado a un acuerdo entre las partes en mayo pasado.

Durante una vista preliminar celebrada el pasado 19 de mayo, tanto la defensa como la acusación particular decidieron que no era posible alcanzar un convenio en este caso. Cabe destacar que este es solo uno de los tres procedimientos legales que persiguen al agente, quien ha sido apartado de sus funciones como responsable de la escuela del cuerpo municipal y ha sido destinado a realizar labores administrativas.

El desacuerdo entre las partes se intensificó después de que el subinspector fuese detenido nuevamente por supuestamente incumplir una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a su exesposa. En esa misma audiencia, la acusación particular pidió la prisión provisional del acusado y la retirada de su pasaporte; la jueza, sin embargo, lo denegó, afirmando que no era el momento adecuado para tales medidas, ya que ya existían restricciones en su contra, como la obligación de llevar un brazalete telemático que supervisa sus movimientos.

La magistrada también rechazó la solicitud de la acusación de abrir una pieza separada sobre responsabilidad civil, por 25.000 euros, señalando que no era el momento procesal apropiado. Lamentó la falta de disposición para llegar a un acuerdo y mostró su preocupación sobre cómo se estaba manejando el caso.

El subinspector será juzgado por un primer caso de presunta violencia física y psicológica habitual, así como por menoscabo psíquico y revelación de secretos cometidos contra su expareja y una de sus dos hijas. El fiscal ha solicitado una condena de seis años y diez meses de prisión, mientras que la acusación particular demanda más de 15 años de cárcel, y la defensa busca su absolución completa.

En sus conclusiones, la Fiscalía apunta que, desde el año 2017, el encausado habría ejercido un patrón habitual de agresiones verbales y físicas en el hogar que compartía con su expareja, impulsado por su carácter celoso y agresivo. Estas agresiones habrían incluido empujones y golpes, afectando también a sus hijas, a quienes supuestamente sometió a constantes desprecios y críticas, sobre todo a la mayor, quien habría sufrido daños físicos.

Además, el acusado habría accedido sin autorización a contactos y fotografías personales de su expareja a través de dispositivos electrónicos, buscando evidencias de un posible nuevo vínculo sentimental o amistades. Se le atribuye también el uso de un rastreador tecnológico para controlar sus movimientos y determinar con quién y dónde estaba en cada momento.

Por otro lado, en relación a este caso de presunta violencia de género, pero en otra diligencia, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada está investigando a varios agentes de la Policía Local por el denominado caso Viogen, por supuesta revelación de secretos tras acceder a información del sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista relacionada con la expareja del subinspector.

Después de su última detención en mayo, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada decidió liberarlo provisionalmente, pero con la condición de no acercarse a Armilla, donde reside la presunta víctima, y abrió un nuevo proceso judicial por diligencias previas.